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Desde el ente de control aseguran que el sistema de salud es financieramente inviable y que las EPS gastan más de lo que reciben.
Un informe técnico de la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de 2024, reveló una crisis estructural en el sistema de salud colombiano. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan un pasivo de $32,9 billones, y solo seis de las 28 EPS activas cumplen con los requisitos mínimos de capital, patrimonio y reservas técnicas. La Nueva EPS, la más grande del país, no ha entregado información contable adecuada en los últimos dos años, lo que podría aumentar aún más el monto de la deuda total.
Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, explicó que el informe es una “fotografía del estado real de las finanzas de la salud en Colombia”, basada en los estados financieros certificados por contadores y revisores fiscales. “Ahí están incluidos hasta ahora nueve billones de pesos que habla la Nueva EPS sobre facturación identificada en la etapa de intervención. Esa cifra se suma a los recursos que están en las contabilidades finalizadas del resto de las EPS”, señaló.
El informe también reveló que 16 EPS presentan problemas de liquidez, 15 no cumplen con el capital mínimo, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no invierten sus reservas técnicas como exige la norma. Esto compromete la capacidad del sistema para garantizar tratamientos, hospitalizaciones y entrega de medicamentos. La deuda con operadores farmacéuticos asciende a $2,8 billones, lo que ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que aumentaron un 23,2 % en 2024.
Uno de los hallazgos más graves es la siniestralidad promedio del sistema: por cada 100 pesos que reciben las EPS, gastan 110. Algunas EPS presentan cifras aún más críticas: SOS EPS tiene una siniestralidad del 128 %, Anmesalud del 120 %, Dacudai del 114 %, Mayamar del 111 % y EPM del 123 %. “Eso indica que la plata no alcanza. Es lo mismo que concluyó la Corte Constitucional”, dijo Zuluaga.
Además, se identificaron pagos sin facturación por más de $5 billones y desvío de $6 billones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas antiguas, algunas con más de 13 años de antigüedad. También se detectó una diferencia inexplicada de $2,71 billones entre lo girado por ADRES y lo reportado por las EPS en sus estados financieros.
Zuluaga también respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que las deudas de las EPS no serán reconocidas como deuda pública. “Es cierto que la deuda está registrada en los estados financieros de las EPS, pero también es cierto que esos servicios fueron prestados a colombianos. Si la discusión se lleva hasta el final, el Estado tendría que revisar si reconoce esa deuda, porque fue un ciudadano quien recibió el tratamiento”, explicó.
El vicecontralor fue enfático en señalar que las intervenciones estatales no han mejorado la situación. “Después de dos años, las EPS intervenidas no han mejorado sus indicadores. Algo delicado está pasando en el manejo y administración de los recursos. Ni siquiera se ha fortalecido la red pública hospitalaria; parte de los recursos han ido a la red privada, como antes de las intervenciones”, denunció.
Zuluaga también advirtió que el problema no se resuelve únicamente con más dinero. “Colombia no tiene la plata suficiente para adecuarse al statu quo de dejar todo igual como está hoy. Este modelo garantista no es financieramente sostenible hacia el futuro. Hay que revisar si la siniestralidad está relacionada con el envejecimiento de la población, el aumento de la demanda y el comportamiento epidemiológico. Pero también hay que mejorar los controles, la eficiencia del gasto y la transparencia en la contratación”.
Conozca el informe completo aquí: https://t.co/nauHh1DhcN
Juan Joya
