La iniciativa enfrenta un panorama complejo en el legislativo.
Para este lunes, está previsto un nuevo debate en la Comisión Primera del Senado sobre la ley estatutaria de Educación. La semana pasada se había reactivado el debate sobre esta iniciativa legislativa, con el que el Gobierno Nacional busca regular el derecho fundamental de la educación en el país. Proyecto que debe ser aprobado en la Comisión Primera y en la Plenaria del Senado para entrar en vigor.
A pesar de esto, el inicio del debate del proyecto ha tenido tropiezos, ya que varios senadores de oposición, como Paloma Valencia y David Luna, han solicitado a los ministerios de Educación y Hacienda dar a conocer el impacto fiscal del proyecto al país. Misma solicitud que fue planteada en los dos debates anteriores que se dieron en la Cámara de Representantes.
Es de recordar que tanto diversos académicos, así como la misma ministra de Educación, Aurora Vergara, han señalado que por ser una ley estatutaria, no se requiere un análisis de impacto fiscal.
Sin embargo, para los congresistas de oposición, esto no es del todo cierto. Entre otras razones, la senadora Paloma Valencia, en su pronunciamiento, puso de referencia un análisis elaborado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el cual proyecta que el costo por año de la iniciativa supera los $40,8 billones.
De otra parte, el pasado viernes, 24 de mayo, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), que vincula a 95 Instituciones de Educación Superior del país, expuso ocho vacíos que identifica en el proyecto de ley estatutaria de educación que impulsa el gobierno. Uno de ellos, precisamente, es que carece de estudios de impacto fiscal.
Por lo que este vacío en el aval fiscal, incluso si el proyecto fuera aprobado, podría llevar a que la Corte Constitucional rechazara la norma. Al tratarse de una ley estatutaria, debe pasar primero por la revisión del alto tribunal antes de ir a sanción presidencial. Recordemos que el alto tribunal recientemente dejó sin efectos la ley que creó el Ministerio de la Igualdad por no contar con el aval fiscal durante su discusión.
Juan Joya