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Consulta popular de Petro queda suspendida: Consejo de Estado frena ‘decretazo’ provisionalmente
El Consejo de Estado suspendió de forma provisional el decreto presidencial 0639 con el que el presidente Gustavo Petro convocaba a una consulta popular nacional. La decisión se dio en respuesta a una demanda de nulidad interpuesta por 12 senadores que argumentaron que el Ejecutivo violó la Constitución al expedir el decreto sin contar con el concepto favorable del Senado.
La medida cautelar fue adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que se reunió en sala extraordinaria para estudiar la solicitud. “Se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”, señaló la corporación en su pronunciamiento.
Esto significa que el presidente Petro no podrá avanzar en la convocatoria a las urnas, al menos mientras el Consejo de Estado emite un fallo de fondo sobre la legalidad del decreto. La suspensión provisional detiene el camino jurídico de la consulta, que ha sido presentada por el mandatario como un mecanismo clave para validar sus reformas sociales frente al Congreso.
La demanda fue presentada por un grupo de congresistas que argumentan que el decreto presidencial “desconoció el concepto negativo emitido por el Senado”, lo cual implicaría una violación directa a los artículos 104 de la Constitución y a las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, que regulan los mecanismos de participación ciudadana.
Los senadores que firmaron la demanda son Efraín Cepeda Sarabia, Marcos Daniel Pineda García, Nadia Blel Scaff, Mauricio Giraldo Hernández, Lorena Ríos Cuéllar, Carlos Fernando Motoa, Germán Blanco Álvarez, Samy Merheg, Juan Carlos García Gómez, Antonio Luis Zabaraín, Esperanza Andrade Serrano y Soledad Tamayo Tamayo.
El fallo del Consejo de Estado no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas. Para algunos sectores, representa un revés importante para el Gobierno, que buscaba impulsar su agenda por medio de un mecanismo directo de participación ciudadana. Para otros, es una señal de que los procedimientos constitucionales deben respetarse, incluso cuando hay mayorías o voluntad política desde el Ejecutivo.
Por ahora, la consulta popular queda suspendida hasta nueva orden, mientras el alto tribunal estudia el fondo de la demanda. La decisión final marcará un precedente clave sobre los límites del poder presidencial frente al Congreso en el uso de mecanismos de participación directa.
Humberto ‘Toto’ Torres
