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Los escenarios judiciales del general en retiro Rodolfo Palomino se reducen cada vez más. Mientras insiste en recuperar su libertad a través de una tutela —pese a haber sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a más de siete años de prisión—, el Consejo de Estado cerró otra puerta clave: confirmó que las sanciones impuestas por la Procuraduría siguen en firme, pese a los múltiples recursos presentados por su defensa.
Una carrera disciplinaria marcada por decisiones adversas
La Procuraduría se pronunció en al menos tres ocasiones sobre el exdirector de la Policía durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En enero de 2021, la entidad lo inhabilitó por trece años por intentar influir de manera indebida en un proceso disciplinario interno.
El expediente señala que Palomino ordenó a varios oficiales —el mayor John Santos Quintero y los coroneles Ciro Carvajal y Flavio Mesa— contactar al entonces teniente coronel Reinaldo Gómez, autor de un documento que mencionaba presuntas irregularidades y situaciones asociadas a conductas impropias del general. La intención: lograr que Gómez se retractara.
Gómez había asegurado en mayo de 2015 que vivía una persecución laboral relacionada con supuestas presiones de carácter personal y conductas inadecuadas atribuidas a Palomino. También mencionó lo que describió como un uso indebido del control disciplinario dentro de la institución.
Tres días después de presentar su denuncia por escrito, Gómez fue buscado por los oficiales mencionados, quienes concretaron varias reuniones que la Procuraduría calificó como encuentros impropios e irregulares. Finalmente, el oficial emitió una retractación que, según el Ministerio Público, Palomino aceptó aun cuando el trámite presentaba evidentes irregularidades.
Por esas maniobras, la Procuraduría concluyó que el exdirector actuó como juez y parte, lo destituyó e inhabilitó.
Un entramado de recursos que no prosperó
La defensa de Palomino intentó desmontar el fallo disciplinario a través de todos los mecanismos posibles. Tres decisiones de la Procuraduría —el fallo inicial, su confirmación y su ratificación posterior— fueron objeto de peticiones de revocatoria. Sin embargo, todas fueron negadas.
En 2022 la Procuraduría rechazó la primera reposición. Al año siguiente desestimó una reposición adicional por improcedente. Con ello, la sanción quedó firme administrativamente.
El caso llegó después al Consejo de Estado. En agosto, y nuevamente este martes 9 de diciembre, la entidad reiteró que no existe fundamento jurídico para anular las sanciones ni para suspenderlas mientras avanza el análisis del proceso principal.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca también fue categórico: los recursos que resolvieron las reposiciones no pueden ser objeto de control judicial, y la defensa no logró demostrar que la Procuraduría hubiera vulnerado garantías como la doble conformidad o el principio de favorabilidad.
La Sección Segunda del Consejo de Estado calificó como defectuosa e improcedente la demanda de Palomino que pretendía tumbar las decisiones administrativas. Los magistrados recordaron que, aunque la figura de la doble conformidad hoy existe en el derecho disciplinario, esa garantía no es aplicable retroactivamente en su caso.
La condena penal que agrava su situación
En paralelo, Palomino enfrenta una condena penal de más de siete años de cárcel por tráfico de influencias. La Corte Suprema determinó que en 2014 presionó a una fiscal para frenar una orden de captura contra Luis Gonzalo Gallo, investigado por vínculos con el paramilitarismo.
El exdirector de la Policía se entregó el pasado 24 de noviembre tras la lectura de su sentencia y, poco después, presentó una tutela en busca de su libertad. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Suprema estudia el recurso y, según fuentes del alto tribunal, aún existen mecanismos ordinarios para resolver sus inconformidades, lo que podría jugar en su contra.
El magistrado Jorge Caldas, ponente de la condena en primera instancia, solicitó a la Sala Agraria y Rural declarar improcedente la tutela, ya que el fallo aún puede ser discutido por las vías judiciales previstas.
Un proceso que no le concede respiros
Durante meses, el expediente disciplinario ha oscilado entre el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado, sin que el exgeneral obtenga un solo resultado favorable. De momento, las sanciones de la Procuraduría continúan vigentes, el Consejo de Estado negó suspenderlas, y la lucha jurídica de Palomino se concentra ahora en una tutela cuyo éxito es incierto.
Información con detalles entregados por el medio de comunicación La FM.
Sala Digital Colmundo
