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Consejo de Estado avala decisión ambiental que evitó hidroeléctrica en Antioquia y salvó al Estado de millonaria indemnización

En un fallo que sienta un precedente clave para la protección ambiental, el Consejo de Estado respaldó la decisión de la Corporación Autónoma de Antioquia (Corantioquia) que en su momento negó la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico del río Frío, librando al Estado de pagar una indemnización de 16 mil millones de pesos.

El caso en detalle
El proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del río Frío”, que pretendía construirse en el municipio de Támesis (Antioquia), había obtenido inicialmente su licencia ambiental, pero esta fue revocada tras nuevos estudios técnicos que demostraron la insuficiencia del caudal para soportar la obra. Los promotores demandaron al Estado, obteniendo inicialmente un fallo favorable del Tribunal Administrativo de Antioquia en 2016, que ordenaba la devolución de la licencia y el pago de la millonaria indemnización.

La decisión clave
La Sección Primera del Consejo de Estado anuló esta sentencia inicial, determinando que:

  • Corantioquia actuó dentro de su marco legal
  • Los estudios técnicos justificaban plenamente la revocatoria
  • No existía daño antijurídico que ameritara indemnización

“El licenciamiento ambiental es una herramienta de carácter preventivo y adaptable, que puede ser modificada o revocada si existen nuevas evidencias que comprometan la sostenibilidad del entorno”, señaló el alto tribunal en su fallo.

Implicaciones del fallo
El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés, destacó que “esta decisión demuestra que la defensa jurídica del Estado no solo protege el patrimonio público, sino que también respalda el actuar legítimo de nuestras instituciones, especialmente cuando se trata de garantizar la sostenibilidad ambiental”.

El fallo sienta importantes precedentes:

  1. Reafirma el principio de precaución en materia ambiental
  2. Valida la facultad de las autoridades para modificar decisiones basadas en nueva evidencia técnica
  3. Protege al Estado de demandas millonarias cuando actúa en cumplimiento de su deber


Este caso, que se extendió por más de seis años, culmina con un importante respaldo a las autoridades ambientales y refuerza el marco de protección de los recursos naturales en Colombia. El fallo del Consejo de Estado no solo evita un significativo desembolso público, sino que reivindica el principio de que las decisiones ambientales deben basarse en evidencia científica y no en intereses particulares.

Sala Digital Colmundo