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El Consejo de Estado abrió un nuevo capítulo judicial en torno a la política de Paz Total del Gobierno Nacional al admitir una acción de tutela que cuestiona la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), espacios destinados a albergar integrantes de grupos armados ilegales en medio de procesos de negociación con el Estado.
La acción constitucional fue presentada por el abogado Mauricio Pava Lugo, quien advirtió sobre la demora de la Sección Primera del Consejo de Estado para pronunciarse respecto a una solicitud de suspensión provisional de la Resolución 471 de 2025, norma que creó las Zonas de Ubicación Temporal y que actualmente enfrenta una demanda de nulidad.
La decisión de admitir la tutela fue adoptada por la magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien ordenó vincular a la Presidencia de la República al proceso y solicitó el expediente completo relacionado con la demanda que busca dejar sin efectos la resolución. Aunque la corporación negó la medida provisional solicitada dentro de la tutela, consideró que existen argumentos suficientes para estudiar de fondo una posible vulneración al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
La controversia se produce a pocos días de la entrada en funcionamiento de las ZUT
El debate jurídico adquiere especial relevancia debido a la cercanía de la fecha fijada por el Gobierno para el inicio de operaciones de estas zonas.
De acuerdo con el cronograma oficial, las Zonas de Ubicación Temporal comenzarán a funcionar el próximo 25 de junio, fecha en la que está previsto el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a estos territorios. Entre los grupos que llegarían a estas zonas figuran miembros del Clan del Golfo en departamentos como Chocó y Córdoba, dentro de la estrategia de diálogos impulsada por el Ejecutivo.
Para Mauricio Pava, la discusión trasciende el ámbito estrictamente procesal y requiere decisiones urgentes debido a las implicaciones institucionales y de seguridad que podría generar la puesta en marcha de estos espacios.
“Esto va a permitir que el Consejo de Estado tome decisiones inmediatas. El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios y no hay claridad sobre aspectos fundamentales como la entrega de armas, los mecanismos de monitoreo, el control gubernamental o las garantías para las comunidades que habitan esas zonas”, manifestó el jurista.
Persisten dudas sobre el control estatal y las garantías para las comunidades
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el demandante está relacionado con la falta de claridad sobre el funcionamiento de las Zonas de Ubicación Temporal y los mecanismos de supervisión que existirán dentro de ellas.
Según Pava Lugo, aún no se conocen detalles suficientes sobre temas sensibles como la verificación de compromisos por parte de los grupos armados, la administración de los territorios, la vigilancia estatal y la protección de las comunidades que conviven en las áreas donde operarían estas zonas.
El abogado advirtió además que las decisiones que se adopten en las próximas semanas podrían tener efectos de largo alcance para el país, especialmente teniendo en cuenta la transición política prevista para 2026.
“El 8 de agosto habrá un nuevo gobierno. Es indispensable que exista control territorial, gobernabilidad y, sobre todo, que el Consejo de Estado proteja la Constitución y adopte una decisión inmediata frente a un asunto que puede generar consecuencias irreversibles para el país”, afirmó.
Consejo de Estado estudiará de fondo la legalidad de las ZUT
La admisión de la tutela no significa que el Consejo de Estado haya tomado una decisión definitiva sobre la legalidad de las Zonas de Ubicación Temporal, pero sí abre una nueva fase judicial que podría incidir en el futuro de esta estrategia dentro de la política de Paz Total.
El proceso permitirá que la corporación analice si existió una demora injustificada en la resolución de las medidas cautelares solicitadas contra la Resolución 471 de 2025 y si dicha situación afecta derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia.
Mientras se acerca la fecha prevista para la entrada en funcionamiento de las ZUT, la atención de distintos sectores políticos, jurídicos y sociales se concentra en las determinaciones que adopte el máximo tribunal de lo contencioso administrativo frente a una iniciativa que ha generado debate sobre su legalidad, sus mecanismos de control y el alcance real que tendrá en los procesos de paz impulsados por el Gobierno Nacional.
Sala Digital Colmundo
