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27 junio, 2026El Consejo de Estado dio un nuevo paso en el proceso que podría sacar definitivamente de la vida política al senador Ciro Ramírez, luego de admitir para estudio una demanda que solicita la pérdida de su investidura como congresista del partido Centro Democrático.
La acción judicial fue presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien pidió al alto tribunal decretar la llamada “muerte política” del legislador, argumentando que no debería conservar su condición de senador tras haber sido condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia.
La solicitud surge después de que Ciro Ramírez fuera sentenciado a 23 años de prisión dentro del proceso relacionado con el escándalo conocido como “Marionetas 2.0”, una investigación que vinculó a varios dirigentes políticos con presuntas irregularidades en la contratación pública.
Según lo establecido en ese proceso judicial, la Corte Suprema concluyó que el congresista obtuvo beneficios de carácter electoral y económico mediante la gestión irregular de contratos en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Estos hallazgos fueron determinantes para la condena emitida en primera instancia.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó que Ramírez presente, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, una respuesta formal a los argumentos expuestos por el demandante. La acción sostiene que resulta incompatible con la dignidad del cargo mantener la investidura de senador tras una condena de esta naturaleza.
El expediente será tramitado por el despacho del magistrado Wilson Girón, quien previamente había manifestado un impedimento para conocer el caso. Sin embargo, los demás integrantes de la Sala Tercera de Decisión rechazaron dicha solicitud y determinaron que continúe al frente del proceso.
Asimismo, el Consejo de Estado notificó a la Procuraduría General de la Nación, entidad que deberá intervenir dentro del trámite y emitir un concepto sobre la procedencia o no de una eventual inhabilidad permanente para que Ramírez ejerza cargos de elección popular.
La decisión que adopte el alto tribunal podría tener importantes repercusiones políticas, ya que la pérdida de investidura constituye una de las sanciones más severas para un congresista en Colombia, al impedirle volver a ocupar cargos de elección popular y poner fin a su trayectoria legislativa.
Sala Digital Colmundo




