El Consejo de Estado admitió una demanda que busca la pérdida de investidura del representante a la Cámara por Bogotá, David Racero (Pacto Histórico), por presunta utilización indebida de recursos públicos. El caso se relaciona con denuncias periodísticas que revelaron que el congresista habría asignado funciones ajenas al legislativo a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Según el auto de admisión, “los solicitantes aducen que el señor David Ricardo Racero Mayorca dispuso, en enero de 2021, que algunos de los funcionarios vinculados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) le colaboraran y atendieran un mercado Fruver en la zona del barrio Villa Luz, en Bogotá”. Estas denuncias fueron inicialmente reveladas por el periodista Daniel Coronell y posteriormente replicadas por varios medios de comunicación.
El documento fue notificado formalmente al congresista, quien ahora cuenta con un plazo de cinco días para presentar sus descargos ante las acusaciones. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación también fue notificada para intervenir en el proceso, que podría culminar con la destitución e inhabilidad política de Racero si se comprueban los señalamientos.
El caso reaviva el debate sobre el uso adecuado de las UTL, equipos de trabajo asignados a los congresistas para apoyar sus labores legislativas, pero que en ocasiones han sido señalados de ser empleados para beneficios personales o políticos.
Este caso marca un precedente importante en el control disciplinario a congresistas y podría intensificar el escrutinio sobre el manejo de los recursos públicos en el Legislativo.
Humberto ‘Toto’ Torres