
Mindefensa anuncia recompensa tras asesinato de tres militares en ataque del ELN en Chita, Boyacá
6 agosto, 2025
Inaceptable comportamiento en el General Santander: agresiones y falta de garantías en Cúcuta
6 agosto, 2025¿Qué peso tienen los tratados históricos frente a una geografía que cambia con el tiempo?
La promulgación de la Ley N.º 32403 por parte del Congreso del Perú, que incorpora la isla Santa Rosa al distrito de Santa Rosa de Loreto, ha generado una categórica reacción del Gobierno colombiano, reavivando una disputa fronteriza con profundas raíces históricas. Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la Cancillería han denunciado lo que consideran una apropiación unilateral de territorio, exigiendo la revisión del caso mediante los canales diplomáticos establecidos entre ambos países.
El presidente Petro fue el primero en pronunciarse públicamente, señalando que “el Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro”. Afirmó que la frontera amazónica debe seguir el thalweg —la línea más profunda del río— y que las islas surgidas al norte de esa línea, como Santa Rosa, deberían estar bajo soberanía colombiana. En ese sentido, advirtió que esta situación “podría hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico”, y anunció que la conmemoración de la Batalla de Boyacá se realizará en dicha ciudad como gesto simbólico de reafirmación territorial.
Por su parte, el ministro Benedetti respaldó esta postura e instó a una respuesta diplomática enérgica. Propuso activar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), presentar reclamos formales y considerar la posibilidad de acudir a instancias internacionales como la Corte de La Haya. Para Benedetti, el tratado delimita claramente la frontera fluvial y, bajo ese criterio, Santa Rosa pertenece a Colombia.
La Cancillería colombiana también se pronunció, recordando que la única asignación oficial de islas entre ambos países se realizó en 1929. Dado que Santa Rosa surgió por sedimentación fluvial hacia 1965, no fue incluida en dicha distribución, y por lo tanto, debe ser objeto de definición conjunta entre las cancillerías. Colombia ha presentado notas de protesta y ha solicitado la urgente reactivación de la COMPERIF como vía institucional para resolver el desacuerdo.
Desde Lima, la respuesta oficial no se hizo esperar. En un comunicado emitido por la Mesa Directiva del Congreso peruano, se rechazó “enérgicamente” lo que se interpretó como un intento de desconocer la soberanía nacional. Según el Congreso y la Cancillería del Perú, la isla Santa Rosa forma parte de la isla Chinería, asignada al país en 1929, y cuya estructura geográfica ha evolucionado, pero sin alterar los límites establecidos por el Tratado Salomón-Lozano de 1922 ni por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.
De otra parte, el canciller peruano, Elmer Schialer, calificó la posición colombiana como “errada desde el punto de vista jurídico, geográfico, técnico e histórico”, y lamentó que Petro “no haya sido informado adecuadamente”. Subrayó que “Santa Rosa siempre ha sido peruana” y que la creación del distrito responde a una reorganización administrativa para mejorar el acceso a servicios públicos, no a una incursión territorial. También reafirmó que “no se ha tocado ni un milímetro de territorio colombiano” y expresó disposición a discutir el asunto en septiembre, durante una visita oficial a Bogotá.
Este desencuentro diplomático revive tensiones que datan del conflicto armado de 1932, cuando ciudadanos peruanos ocuparon Leticia, y que se resolvió con la mediación de la Liga de Naciones y la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1934. Petro ha citado este antecedente para advertir sobre los riesgos de repetir errores del pasado, señalando que cualquier divergencia fronteriza debe resolverse mediante acuerdos bilaterales y no por actos legislativos unilaterales.
La disputa, aunque focalizada en una pequeña isla, deja ver una tensión no resuelta entre derecho internacional, geografía dinámica y memoria histórica. El caso de Santa Rosa pone a prueba los mecanismos diplomáticos entre dos países que, más allá de sus diferencias, han compartido acuerdos, conflictos y reconciliaciones en el corazón de la Amazonía.
JUAN JOYA




