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En una sesión decisiva, la Cámara de Representantes aprobó con 134 votos a favor y solo 2 en contra la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), un proyecto que promete redefinir la relación financiera entre el Gobierno Nacional y las regiones. La iniciativa, que deberá ser conciliada entre ambas cámaras antes de su promulgación por el presidente Gustavo Petro, incrementará gradualmente las transferencias a los departamentos, distritos y municipios, alcanzando un máximo del 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en 2027.
La reforma busca cumplir con los principios de descentralización consagrados en la Constitución de 1991. Según el Ministerio del Interior, este cambio fortalecerá la autonomía territorial, permitiendo a las entidades locales destinar los recursos a proyectos prioritarios en sectores como educación, salud y saneamiento básico.
El representante Carlos Ardila, ponente del proyecto, señaló que el aumento de las transferencias estará sujeto a una Ley de Competencias que deberá ser presentada por el Gobierno Nacional en un plazo de 12 meses. “Es necesario aclarar qué responsabilidades asumirán la Nación, los departamentos y los municipios para garantizar una distribución eficiente de los recursos”, explicó Ardila.
A pesar de los avances, el proyecto enfrenta críticas. La representante Katherine Miranda advirtió que su implementación podría costar entre 218 y 263 billones de pesos, lo que, según ella, pondría en riesgo la estabilidad financiera del país. No obstante, Ardila defendió la viabilidad de la reforma, asegurando que el marco fiscal de mediano plazo y la Ley de Competencias mitigarán estos riesgos.
El debate también estuvo marcado por la ausencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, en el último debate, lo que generó cuestionamientos sobre el nivel de compromiso del Ejecutivo con la reforma.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró la aprobación del proyecto como un avance significativo hacia la autonomía territorial. “Esta reforma abre un debate nacional sobre la redistribución de competencias y recursos entre el Estado central y las regiones, cumpliendo con la regla fiscal y fortaleciendo el desarrollo local”, afirmó.
Con el respaldo de los gobernadores y sectores políticos que abogan por la descentralización, la reforma al SGP se perfila como uno de los cambios estructurales más importantes en décadas, aunque su implementación será objeto de seguimiento y ajustes en los próximos años.
El siguiente paso será la conciliación del texto aprobado y su posterior sanción presidencial, un proceso que marcará el inicio de una nueva etapa en la administración de recursos territoriales en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres
