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Salud recibirá recursos adicionales y el Gobierno tendrá 90 días para presentar el proyecto de ajuste fiscal, conocido como ley de rescate.
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,95 billones, tras más de 12 horas de debate entre el Senado y la Cámara de Representantes. La Cámara respaldó el texto en la madrugada con 112 votos a favor, mientras que el Senado lo había aprobado previamente con 57 votos a favor y uno en contra.
La aprobación incluyó cambios en la distribución de los recursos y seis artículos nuevos que establecen obligaciones para el Gobierno, entre ellas la presentación de un proyecto de ajuste fiscal y la entrega de informes periódicos sobre el manejo de fondos públicos.
Gobierno tendrá 90 días para presentar el ajuste fiscal
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el Ejecutivo radicará el proyecto de ley de ajuste fiscal, conocido como ley de rescate, una vez terminara la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso.
Uno de los nuevos artículos establece un plazo de 90 días para presentar la iniciativa de ajuste fiscal. Durante el debate, el Centro Democrático pidió reducir ese tiempo para que el proyecto llegue al Legislativo antes de que entre en vigencia el presupuesto de 2027.
La discusión sobre esta reforma fiscal será uno de los siguientes puntos de atención para el Gobierno, que deberá presentar su propuesta ante el Congreso y buscar respaldo para las medidas que permitan ajustar las finanzas públicas.
Salud, energía y educación tendrán recursos adicionales
Dentro de los cambios aprobados, el presupuesto contempla $3 billones adicionales para el sector salud, $100.000 millones para inversión en educación y otros $100.000 millones para el Congreso, sin modificar el monto total de $634,95 billones.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que la asignación para salud representa $5 billones más frente a la propuesta inicial. También señaló que se incorporaron $6,4 billones para el Ministerio de Defensa y $3 billones para subsidiar el servicio de energía en la costa Caribe.
Las partidas también incluyen $100.000 millones para la Registraduría y otros $100.000 millones para el Instituto Nacional de Vías (Invías), destinados a la variante de San Gil, Santander.
La Rama Judicial recibirá una adición de $100.000 millones, mientras que el Ministerio de Defensa contará con $11.400 millones para indemnizar a las familias de soldados muertos en combate.
Fondos públicos deberán entregar informes trimestrales
Entre los artículos nuevos, uno obliga al Gobierno a presentar informes cada tres meses sobre los recursos disponibles y los gastos de fondos y establecimientos públicos durante 2027. La medida incluye fondos como el Fondo Milagro y busca facilitar el seguimiento al uso del dinero público.
Otro artículo apunta a mejorar la identificación de los recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales, en un contexto marcado por la necesidad de establecer cómo se financia la respuesta ante este tipo de situaciones, incluido el terremoto del pasado 10 de agosto mencionado en la propuesta.
El presupuesto también incorpora disposiciones para hacer seguimiento a los títulos de tesorería de corto plazo, instrumentos mediante los cuales el Gobierno obtiene financiación para cubrir sus necesidades de caja.
Cambios en infraestructura y programas sociales
La iniciativa aprobada ordena liquidar la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Instituto Nacional de Vías Regionales (INBIR), con el propósito de facilitar inversiones para la recuperación y el mejoramiento de vías terciarias que conectan a las comunidades rurales.
En otras partidas, se destinarán $26.500 millones al programa de esterilización de perros y gatos del Ministerio de Ambiente, $70.000 millones adicionales para el gas licuado de petróleo (GLP) y $7.000 millones para el Departamento de Prosperidad Social (DPS), provenientes del Fondo Virgilio Barco.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, trasladará $30.000 millones de inversión a gastos de funcionamiento. El Congreso anunció que vigilará la ejecución presupuestal para verificar que los recursos se utilicen de acuerdo con los destinos aprobados.
La ejecución será el siguiente reto del presupuesto
Con la aprobación del monto global y las nuevas disposiciones, el Gobierno deberá avanzar en la distribución y ejecución de los recursos previstos para 2027. La vigilancia del Congreso y los informes trimestrales serán mecanismos para revisar el uso de los fondos públicos.
El siguiente frente será la presentación del proyecto de ajuste fiscal dentro del plazo establecido. La discusión de esa iniciativa pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para ajustar las finanzas públicas, mientras se mantienen las asignaciones destinadas a salud, defensa, subsidios de energía, infraestructura y programas sociales.
