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Conflicto armado y discriminación: Amnistía Internacional denuncia retrocesos en Colombia
La ONG Amnistía Internacional publicó su Informe Anual 2024/2025, en el que examina la situación de los derechos humanos en distintos países, incluido Colombia. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por entablar negociaciones de paz y establecer ceses al fuego con diversos grupos armados, la población civil sigue siendo víctima de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes han sido especialmente afectadas, enfrentando de manera desproporcionada las consecuencias del conflicto armado.
El Comité Internacional de la Cruz Roja informa que en Colombia continúan activos ocho conflictos armados no internacionales. A lo largo del año, varios grupos armados han expandido su presencia en distintas regiones, intensificando los enfrentamientos y agudizando la crisis humanitaria. La política de “Paz Total” promovida por el Gobierno ha facilitado diálogos con diversas agrupaciones armadas, aunque los acuerdos han resultado frágiles y, en algunos casos, se han suspendido, como ocurrió en septiembre con el Ejército de Liberación Nacional, luego de un ataque a una base militar en Arauca que rompió el cese al fuego vigente hasta agosto.
https://twitter.com/amnistia/status/1917232502860554701
Las violaciones al derecho internacional humanitario han tenido un fuerte impacto en departamentos como Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Magdalena Medio, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), hasta diciembre se habían registrado 121 desplazamientos forzados múltiples, que afectaron a más de 49.000 personas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que hasta noviembre el número de desplazados ascendía a 176.500. Además, CODHES denunció 90 episodios de confinamiento forzado que afectaron a más de 195.000 personas, utilizados por grupos armados como mecanismos de control territorial y social, lo que limita el acceso a derechos y servicios esenciales para las comunidades afectadas.
El reclutamiento infantil sigue siendo una preocupación alarmante. La Defensoría del Pueblo documentó 282 casos en los primeros once meses del año, mientras que el Área de Responsabilidad de Acción contra Minas estima que más de 600.000 personas están en riesgo debido a la presencia de minas terrestres y artefactos explosivos sin detonar. Otro aspecto crítico es la desaparición forzada. El CICR registró 1.730 nuevos casos entre diciembre de 2016 y julio de 2024. A pesar de contar con instituciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos, los esfuerzos siguen enfrentando numerosos obstáculos. Desde su creación en 2017, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha logrado identificar con vida a 23 personas y recuperar 1.626 cadáveres.
El informe destaca que la violencia contra los defensores de derechos humanos sigue siendo generalizada. El Programa Somos Defensores documentó 355 agresiones hasta junio, incluyendo asesinatos, amenazas y desapariciones forzadas. Aunque se ha registrado una reducción con respecto al año anterior, la violencia sigue afectando de manera desproporcionada a comunidades rurales, indígenas, campesinas y afrodescendientes. CODHES señala que al menos 8.336 indígenas que viven en reservas y 2.446 afrodescendientes en territorios colectivos bajo la autoridad de consejos comunitarios han sido víctimas de desplazamiento forzado. Asimismo, el 50 % de los niños reclutados por grupos armados pertenecían a comunidades indígenas, según la Defensoría del Pueblo.
El derecho a la protesta y la libertad de expresión también se han visto afectados. La ONG Temblores reportó 78 casos de violencia policial hasta junio, de los cuales 19 ocurrieron en el contexto de protestas. En septiembre, la Corte Constitucional determinó que el caso de la agresión sufrida por Leidy Cadena debía mantenerse en el sistema de justicia penal ordinaria y no ser transferido a la jurisdicción militar. En cuanto a la violencia contra periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 524 agresiones, incluidos dos asesinatos y más de 200 amenazas. En respuesta a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima, el Gobierno creó el fondo “No es hora de callar”, destinado a proteger a mujeres periodistas víctimas de violencia de género.
La Defensoría del Pueblo documentó 1.310 casos de violencia contra mujeres en los primeros meses del año, mientras que el Observatorio Colombiano de Feminicidios notificó 815 asesinatos hasta noviembre. La comunidad LGBTI también ha sido objeto de agresiones. La ONG Caribe Afirmativo reportó 44 asesinatos a lo largo del año, de los cuales 21 corresponden a mujeres transgénero.
En el ámbito ambiental y social, la Corte Constitucional ordenó al Congreso legislar sobre el desplazamiento forzado ocasionado por fenómenos ambientales. Asimismo, ratificó la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, permitiendo su implementación. En cuanto a reformas sociales y económicas, el Congreso rechazó los proyectos de salud y educación presentados por el Gobierno, aunque en julio aprobó la reforma de pensiones.
La crisis migratoria también sigue siendo un desafío en Colombia. Según Migración Colombia, el país alberga 2,8 millones de venezolanos, de los cuales más de 380.000 se encuentran en situación irregular. En abril, la Corte Constitucional reafirmó que los ciudadanos venezolanos no deben verse obligados a renunciar a medidas de regularización temporal para solicitar el estatus de refugiado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido avances en la política de integración, aunque enfatiza la necesidad urgente de reforzar las acciones de protección.
A nivel mundial, Amnistía Internacional ha alertado sobre el “efecto Trump” en materia de derechos humanos, señalando que las políticas autoritarias y represivas han acelerado el retroceso de los derechos fundamentales. La organización advierte que la falta de respuesta global ante la desigualdad, el cambio climático y las transformaciones tecnológicas pone en peligro a futuras generaciones.
En conclusión, el informe de Amnistía Internacional evidencia que, pese a los esfuerzos gubernamentales, Colombia sigue enfrentando desafíos profundos en materia de derechos humanos. Las comunidades más vulnerables, como indígenas, afrodescendientes y campesinos, siguen padeciendo los efectos del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la violencia sistemática. Aunque se han tomado algunas medidas para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas de desaparición forzada, las cifras reflejan que la crisis persiste y que aún queda mucho por hacer para garantizar la justicia y la igualdad de derechos en el país.
Conozca el informe completo aquí: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/
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Juan Joya
