Confinados y bajo fuego: 20.000 colombianos son escudo humano de grupos ilegales, según Defensoría

La Defensoría del Pueblo alerta sobre asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de menores y uso de drones con explosivos contra población civil.

Una grave crisis humanitaria afecta a más de 20.000 personas en las regiones del Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Sur de Bolívar, donde la población enfrenta confinamiento prolongado, riesgo inminente de desplazamiento masivo y violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, según advirtió la Defensoría del Pueblo en un contundente informe.

El organismo detalló que la confrontación entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, sumada a la poca presencia estatal, ha creado “asentamientos de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores de edad, graves hechos de violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas”.

Comunidades atrapadas en el fuego cruzado

En el Bajo Calima, la situación es particularmente crítica para 516 familias (1.419 personas) de la comunidad de La Colonia, perteneciente al Consejo Comunitario del Bajo Calima, que sobreviven sin acceso pleno a alimentos, atención médica ni garantías de seguridad básicas.

La Defensoría documentó incidentes escalofriantes, como el ocurrido el pasado 22 de septiembre, cuando la columna “Wilson González” de las disidencias de “Iván Mordisco” realizó una incursión armada en una institución educativa mientras los estudiantes se encontraban en clases. “Desde ahí hostigaron a la Fuerza Pública con armas de fuego y drones cargados de explosivos, impidiendo que los estudiantes salieran”, reseñó el organismo.

Solo una semana después, el 29 de septiembre, el mismo grupo realizó patrullajes armados y lanzó una granada mediante un dron cerca de las instalaciones del SENA y la institución educativa, dejando a dos mujeres con heridas de gravedad.

Sur de Bolívar: epicentro de violencia generalizada

Mientras tanto, en el Sur de Bolívar la situación se complica por la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN, a los que se suman el Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y el Frente de las disidencias de las FARC de la línea de “Calarcá”. La Serranía de San Lucas se ha convertido en un epicentro de violencia generalizada, con 27 emergencias humanitarias registradas durante el año.

Estas emergencias incluyen 15 desplazamientos forzados masivos y 12 confinamientos de comunidades que han afectado a 15.240 personas. Santa Rosa del Sur reporta 5.409 civiles afectados, Montecristo 3.090, Arenal del Sur 249, Cantagallo 160, Morales 160 y Río Viejo 76 personas.

Los grupos armados ilegales usan a la población civil como escudo humano, someten a las Juntas de Acción Comunal y mantienen a familias confinadas entre amenazas. En Santa Rosa del Sur, líderes comunales, incluidos los presidentes de las JAC de Los Robles y La Mariposa, han sido secuestrados.

Frente a este panorama desolador, la Defensoría indicó que desde el 23 de septiembre solicitó acciones urgentes a los Ministerios del Interior y de Defensa, así como a la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Buenaventura, la Unidad para las Víctimas y el ICBF, en un intento por mitigar una crisis que no da tregua a las comunidades más vulnerables del país.

Humberto ‘Toto’ Torres