Confecámaras responde a SuperSociedades: “No existe una ley que faculte a esa entidad para ejercer inspección”

Luego de que la Superintendencia de Sociedades inició una revisión a los recursos públicos que están a cargo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), para determinar si existen irregularidades en la administración financiera, la entidad señalada ha respondido.

Por medio de un comunicado, Confecámaras expuso tres puntos para defenderse ante el inicio de las indagaciones, y aseguró inicialmente que, por ser una entidad “privada, de utilidad común, gremial y sin ánimo de lucro”, Supersociedades no tiene la facultad para inspeccionar, vigilar ni hacer control sobre la misma. En ese sentido, señalaron que “de manera voluntaria y como acto de transparencia” hicieron entrega de la información solicitada por la corporación a pesar de que la entidad no tiene facultad de ejercer la inspección.

Finalmente, asegura que la actuación de la Superintendencia de Sociedades “no se basa en la existencia de irregularidades en el manejo de los recursos de la Confederación o en la existencia de una situación anómala, sino en la interpretación jurídica que esa entidad le da al alcance de sus funciones. Estamos seguros de que la Superintendencia de Sociedades reconsiderará su posición”.

¿Por qué se abrió investigación?

En un escrito informaron que el propósito de esta actuación es ejercer la vigilancia administrativa sobre la Confederación, “solicitará, confirmará y analizará, en la forma, detalle y términos que determine, la información que requiera sobre la situación contable, financiera, administrativa, económica y jurídica de esa Confederación”.

Esta investigación es adelantada por la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio, que en junio de 2025 solicitó información contable, financiera, administrativa y jurídica sobre la Confederación y, ese proceso busca establecer si hubo irregularidades en el uso de más de 18.000 millones de pesos vinculados a dicha gestión.

Pero no solo la SuperSociedades ha decidido indagar, ya que la Contraloría General de la República había ordenado desde el 25 de octubre de 2024 incluir a la Confederación como persona jurídica que maneja bienes del Estado, lo que la obliga a rendir cuentas sobre la ejecución y administración de recursos públicos. Al parecer, estas actuaciones han encendido las alarmas dentro de varias Cámaras de Comercio del país, que han manifestado su preocupación por la forma en que se estarían manejando los fondos y el creciente escrutinio estatal sobre el gremio.

Dayineth Isabel Molina Velásquez