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7 octubre, 2025Un juzgado de Medellín impuso una condena ejemplarizante a José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, por el secuestro extorsivo agravado de la senadora Piedad Córdoba ocurrido en mayo de 1999. El fallo judicial, calificado como un hito en la justicia transicional, declara el hecho como delito de lesa humanidad, estableciendo un precedente significativo en casos de violaciones a derechos humanos.
La sentencia obliga a Narváez a cumplir pena en establecimiento carcelario, le impone una multa equivalente a 3.499 salarios mínimos y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas. La decisión judicial representa uno de los veredictos más contundentes emitidos contra un exfuncionario de alto rango del organismo de inteligencia por su participación en crímenes contra líderes políticos.
Durante la investigación, la Fiscalía Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos demostró que Narváez se reunió con el exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y “le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz”, bajo el argumento de que la senadora era colaboradora del ELN. El exfuncionario entregó “información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición”, según consta en las pruebas presentadas en el proceso.
El 4 de junio de 1999, integrantes de las AUC liberaron a Piedad Córdoba tras 11 días de cautiverio, gracias a gestiones de mediación política y humanitaria. El secuestro se había ejecutado cuando la congresista asistía a una cita médica en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín, en un operativo que evidenció la coordinación entre agentes estatales y grupos armados ilegales.
El proceso judicial se desarrolló bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, y la sentencia condenatoria emitida es de primera instancia, por lo que proceden los recursos de ley. El caso se constituye en un referente para la justicia colombiana en la judicialización de crímenes cometidos durante el conflicto armado por servidores públicos de alto nivel.
Humberto ‘Toto’ Torres




