Policía y Ejército desmantelan red narco en Valle y Cauca: Capturan a 5 extraditables con vínculos a ‘Iván Mordisco’ y carteles mexicanos
11 junio, 2025
Remco Evenepoel brilló en la crono: Tejada y Buitrago tuvieron un gran día en la Critérium Dauphiné
11 junio, 2025

Condenado a 40 años de prisión alias Iván Márquez, por secuestro y asesinato de un subteniente del Ejército Nacional

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juzgado de conocimiento de Turbo (Antioquia) emitiera sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Iván Luciano Márquez Marín Arango, alias Iván Márquez, por el secuestro y asesinato del subteniente del Ejército Nacional, Wágner Harbey Tapias Torres.

Los hechos que motivaron la decisión ocurrieron el 28 de mayo de 1997, en un retén ilegal instalado por las extintas Farc, en la vereda El Limón, en la vía que de Turbo conduce hacia San Pedro de Urabá.

Allí, varios guerrilleros hicieron descender de los automotores a quienes transitaban por la carretera, y al percatarse de la presencia del subteniente del Ejército Nacional lo retuvieron y llevaron a un campamento donde tenían a otros secuestrados, entre ellos, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri.

El 5 de mayo de 2003, en medio de una operación aérea de las Fuerzas Militares que buscaba la liberación de los secuestrados, Iván Márquez dio la orden al cabecilla encargado del campamento de ejecutar a los retenidos, entre ellos, el subteniente Wágner Harbey Tapias Torres.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró con pruebas testimoniales, periciales y técnicas el homicidio y la responsabilidad de Márquez Marín Arango como determinador, quien era integrante del secretariado de las extintas Farc.

Por estas razones, la juez de conocimiento lo condenó por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. Además, le negó suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Paola Martínez Burgos