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La orden de captura internacional contra César Manrique no solo sigue vigente, sino que quedó en firme tras la decisión de un juzgado de Bogotá que confirmó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en su contra. El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría desviado recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de coordinar la atención de desastres y emergencias en el país. La justicia ratificó la detención preventiva mientras avanza la investigación por el presunto desfalco de recursos públicos.
La determinación se adoptó al resolver la apelación presentada por la defensa, que buscaba tumbar la detención preventiva solicitada por la Fiscalía el año pasado. El juez concluyó que el ente acusador cumplió con los requisitos legales y presentó elementos suficientes para inferir la posible participación de Manrique en la estructura investigada. En la audiencia, que se extendió por menos de una hora, el despacho consideró que la Fiscalía describió con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, presuntamente, operó la red. El juzgado avaló los argumentos de la Fiscalía y dejó en firme la medida intramural.
Según lo expuesto por la fiscal Patiño, los recursos comprometidos tenían destinación específica para la gestión del riesgo y la atención de comunidades vulnerables. “Los recursos económicos de los que el entramado criminal liderado por Manrique se apropió mediante actos de corrupción estaban asignados a la UNGRD, cuya razón de ser es dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, es decir, satisfacer necesidades básicas de la colectividad más vulnerable”, sostuvo durante la diligencia, al explicar la gravedad del presunto desvío. La Fiscalía subrayó que el dinero habría sido sustraído de fondos destinados a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El expediente no involucra únicamente al exdirector. En el mismo proceso están imputados Edgar Riveros, Ana María Riveros, Sonia Romero, Francisco Estupiñán, Óscar Cárdenas, Édgar Echeverry y Jorge Aristizábal. De acuerdo con la información conocida, varios de ellos han iniciado conversaciones con la Fiscalía para buscar preacuerdos que podrían traducirse en reducciones de pena a cambio de colaboración, lo que podría aportar nuevas piezas al rompecabezas judicial. Los posibles preacuerdos podrían acelerar el esclarecimiento del caso.
Mientras tanto, Manrique permanece prófugo. Para facilitar su ubicación, Interpol emitió una circular roja en más de 190 países, mecanismo que permite a las autoridades policiales detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia colombiana. Las últimas referencias sobre su paradero indican que estuvo en Medellín durante una audiencia preliminar y que también habría sido visto en cercanías de Cúcuta. La búsqueda internacional continúa activa mientras se desconoce su paradero actual.
Con la decisión del juzgado, la medida de aseguramiento intramural queda consolidada y la búsqueda internacional se mantiene vigente. El proceso avanza en uno de los capítulos más sensibles del escándalo que compromete recursos públicos destinados a la atención de desastres y que empaña la gestión de este Gobierno. El caso se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con la gestión del riesgo en el país.
Juan Joya




