Concejo de Bogotá rechaza proyecto que modifica la Ley de Paz Total

Desde el Concejo de Bogotá expresaron su rechazo al proyecto de ley que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó este 20 de julio ante el Congreso, con el objetivo de modificar la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, una de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El concejal Marco Acosta manifestó su profunda preocupación por la iniciativa, que contempla otorgar beneficios penales a integrantes y jefes de estructuras criminales, grupos armados ilegales y redes del crimen organizado que se acojan a un proceso de sometimiento a la justicia.

Para Acosta, esta propuesta representa “una amenaza directa a la justicia, a los derechos de las víctimas y al principio de no impunidad”.

Entre los puntos más polémicos del proyecto se destacan:

·         Reducción de penas: entre 5 y 8 años para cabecillas, y de 2 a 5 años para miembros de base.

·         Libertad condicional: posible una vez cumplido el mínimo de la pena.

·         Participación política: autorizada para quienes cumplan la pena alternativa, salvo inhabilidades constitucionales.

·         Prohibición de extradición: argumentando la protección de los derechos de las víctimas.

·         Zonas de paz y espacios alternativos de reclusión: como colonias agrícolas o casas étnicas.

El concejal advirtió que medidas como estas debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y ponen en duda el compromiso real del Estado con la justicia, la verdad y los derechos de las víctimas. Por ello, hizo un llamado urgente al Congreso, a la ciudadanía y a los organismos de control para vigilar este proyecto y exigir que cualquier iniciativa de sometimiento respete los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Por su parte, el ministro Montealegre ha defendido el proyecto, asegurando que su propósito no es premiar a los criminales, sino brindarle herramientas al Estado para desarmar a los grupos armados ilegales, desmovilizarlos y facilitar su reintegración, como parte de la estrategia de Paz Total.

Según el Ministerio de Justicia, no todos los grupos ilegales serán tratados de la misma manera: A organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC se les reconocerá estatus político para avanzar en negociaciones de paz.

En cambio, bandas criminales como el Clan del Golfo se someterán a procesos judiciales, con eventuales beneficios jurídicos si colaboran efectivamente, entregan armas y contribuyen a desmantelar sus estructuras.

Montealegre explicó que estos grupos podrían recibir rebajas de pena entre el 40 % y el 60 %, aunque siempre con un mínimo de privación de la libertad.

Paola Martínez Burgos