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El concejal Andrés Barrios advirtió sobre un “colapso de la seguridad” en Bogotá y responsabilizó a la política de Paz Total del Gobierno Nacional de haber facilitado la expansión del crimen organizado en la ciudad.
“Bogotá está sangrando y el Estado es un espectador. Hoy, el que gobierna es el miedo en muchos barrios”, afirmó el cabildante.
Las cifras respaldan su señalamiento. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2025 se registraron 792 homicidios, casi tres diarios, de los cuales el 65 % fueron cometidos con arma de fuego.
La extorsión, por su parte, se consolidó como un “impuesto criminal” que tiene paralizado al comercio. Solo este año se han denunciado 1.433 casos, con incrementos preocupantes en San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. En cuanto al secuestro, la situación también es alarmante: se han reportado 29 casos, lo que representa un aumento del 222 % frente a 2024.
Según Barrios, organizaciones como el Tren de Aragua ya ejercen control territorial en varias zonas, aprovechando el vacío dejado por la institucionalidad.
La concejal Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, coincidió en la gravedad del panorama. “Entre enero y agosto de este año Bogotá suma 792 muertes violentas, un aumento del 6 % respecto al mismo periodo del año pasado. Las cifras desmienten el discurso oficial: mientras la Alcaldía insiste en que Bogotá Camina Segura, la realidad es que los barrios caminan con miedo”, sostuvo.
Bernal cuestionó la falta de una política de seguridad humana por parte de la administración de Carlos Fernando Galán y advirtió que “territorios enteros han quedado bajo control de estructuras criminales que asesinan a plena luz del día, frente a cámaras de seguridad y a la mirada impotente de la ciudadanía”.
La concejal añadió que la violencia avanza incluso en las zonas estratégicas de la ciudad: “Mientras el Distrito se enorgullece de obras como el Metro, en sus inmediaciones se asesina a jóvenes sin presencia institucional suficiente. El mensaje es demoledor: ni los proyectos estratégicos se salvan”.
Frente a este escenario, Barrios propuso la creación de una Unidad Distrital Antiextorsión y Antisecuestro, articulada con la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía, que atienda de manera inmediata las denuncias. También pidió declarar la “Emergencia por Armas Ilegales en Bogotá”, con un plan masivo de incautación y control.
Finalmente, en el Concejo de Bogotá se planteó la necesidad de reconocer al Tren de Aragua como organización criminal terrorista y enfrentar su expansión en la ciudad.
Paola Martínez Burgos
