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El concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, Jairo Avellaneda, denunció graves retrasos, sobrecostos e irregularidades en la ejecución del puente vehicular sobre la quebrada La Hoya del Ramo, en el sector de Cuatro Caminos, localidad de Usme. La obra, que acumula 14 años de promesas incumplidas, mantiene en riesgo la seguridad y movilidad de más de 74.000 habitantes del sur de la capital.
El proyecto inició en 2013 con los primeros estudios y diseños, pero tras dos actualizaciones (en 2017 y 2022) y múltiples contrataciones, el puente sigue inconcluso.
En 2022 se adjudicó la construcción por $3.871 millones, y un año después la interventoría por $1.715 millones. Sin embargo, ante los incumplimientos, el contratista fue sancionado con una multa de $193 millones.
Pese a ello, en agosto de 2024, la administración distrital volvió a contratar la obra, esta vez por $4.925 millones, mientras la nueva interventoría con un valor de $2.617 millones aún se encuentra en proceso de adjudicación.
A pesar de las millonarias inversiones, el avance físico apenas alcanza el 30% y la estructura se encuentra en estado crítico: las lluvias han socavado los cimientos, los barandales están deteriorados y la comunidad ha tenido que improvisar refuerzos ante la falta de respuesta institucional.
Avellaneda advirtió posibles sobrecostos y una deficiente planeación contractual.
“El contrato de obra contempla un 64,22% de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades), y la interventoría representa el 54% del valor total de la obra, cifras que superan ampliamente los límites razonables”, señaló el concejal.
Según los entes de control, los márgenes recomendados no deben superar el 35% para el AIU ni el 20% para la interventoría.
“Esto podría constituir una violación a los principios de economía, responsabilidad y eficiencia en la contratación pública, además de evidenciar un uso ineficiente de los recursos del Distrito”, agregó Avellaneda.
Los habitantes de los barrios La Fiscala, El Porvenir, Danubio Azul, La Paz, Los Arrayanes y Diana Turbay, junto con estudiantes y docentes de colegios como Paulo Freire, La Salle, Simonelli y Fe y Alegría, llevan más de una década padeciendo las consecuencias de esta obra inconclusa.
“El puente no solo es una vía de conexión, sino una necesidad urgente. Hoy los niños, adultos mayores y trabajadores arriesgan su vida cada día al cruzarlo”, enfatizó el cabildante.
El concejal hizo un llamado a la Contraloría, Personería y Veeduría Distrital para que investiguen el caso y garanticen la correcta ejecución de los recursos públicos.
Paola Martínez Burgos
