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Las intensas lluvias registradas desde finales de enero han dejado un panorama crítico en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el saldo preliminar es de 17 personas fallecidas y más de 94.000 familias afectadas, lo que equivale a 254.531 damnificados. La emergencia ha ocasionado la destrucción de 4.099 viviendas y daños en otras 18.232, además de la afectación de 183 vías, 16 puentes peatonales y 29 puentes vehiculares, cifras que evidencian el alcance estructural del fenómeno.
El departamento de Córdoba se ha convertido en el principal foco de la crisis. Allí se reportan 70.424 familias damnificadas y más de 11.000 hectáreas anegadas. Dos personas han fallecido y diez resultaron heridas, mientras 21 de los 30 municipios presentan algún nivel de afectación. El gobernador Erasmo Zuleta advirtió que “la emergencia no acaba cuando el agua baja. Ahí comienza la parte más difícil: volver a empezar. Reconstruir no toma días, sino meses, incluso años”, aludiendo al impacto prolongado que enfrentan las comunidades.
Otras regiones también registran consecuencias graves. En Magdalena se reportan tres personas fallecidas, entre ellas Zulma y Richard Atehortúa, madre e hijo que murieron en Santa Marta tras el colapso de su vivienda por una corriente de agua y lodo. En Nariño se contabilizan siete víctimas mortales y en el Valle del Cauca, cuatro. A ello se suma el colapso del puente sobre el río Mendihuaca, en Magdalena, que ha generado pérdidas superiores a 130 millones de pesos diarios para el sector bananero, debido al aumento de los tiempos de transporte, que pasaron de dos hasta doce horas.
El impacto también se extiende al sector productivo. En Córdoba, más de 263.000 cabezas de ganado y búfalos permanecen expuestas a las inundaciones, mientras cultivos de maíz y fríjol enfrentan pérdidas y retrasos en la cosecha. La UNGRD informó que ha desplegado 127 toneladas de asistencia humanitaria en Montería, que incluyen colchonetas, kits de alimentos y utensilios básicos. En Canalete ya fueron entregados 800 kits, y en Antioquia avanza la instalación de un puente modular de 30 metros para restablecer la conexión vial entre Necoclí y San Juan de Urabá.
En medio de la emergencia, el Gobierno de Estados Unidos anunció el envío de asistencia humanitaria destinada a más de 1.400 hogares en Córdoba. El apoyo contempla alimentos, kits para la desinfección de agua y suministros para refugios temporales. El Departamento de Estado señaló que “esta asistencia constituye un apoyo estratégico que fomenta la estabilidad y fortalece la relación entre Estados Unidos y Colombia”. Según lo informado, del total de ayudas que Washington dirige a Suramérica, el 30 % corresponde a Colombia.
Pese a la magnitud de los daños y al respaldo externo ya anunciado, el Gobierno nacional descartó solicitar ayuda internacional adicional. La Cancillería sostuvo que “la situación actual no supera la capacidad operativa y funcional del Estado para la fase de respuesta inmediata, por lo que no procede activar mecanismos internacionales de ayuda”. Aunque mantiene contacto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el Ejecutivo insiste en que la emergencia puede ser atendida con recursos propios, una posición que se sostiene mientras el país enfrenta pérdidas humanas, afectaciones económicas significativas y daños considerables en infraestructura.
Juan Joya




