Comunidad embera deberá ser evacuada de la UPI La Rioja: Tribunal dio la orden y solicitó inmediatez

En la noche del miércoles 4 de junio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) notificó que la comunidad indígena embera que se encuentra asentada en la Unidad de Protección Inmediata (UPI) La Rioja, en Bogotá, debe ser evacuada y reubicada.

Tras una tutela interpuesta en octubre de 2024 por la Personería de Bogotá contra la Alcaldía de Bogotá y otras entidades distritales, donde señalan que esta población de al menos 900 personas se encuentra en malas condiciones debido a que el lugar no está en buen estado, el TAC decidió modificar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Con esta determinación, ahora deberán ser reubicados en otro lugar que esté en las condiciones aptas para vivir. “Identificar en un plazo máximo de tres meses un inmueble idóneo que garantice condiciones dignas para la comunidad indígena, y proceder a su evacuación urgente e inmediata desde el albergue La Rioja”, se lee en el documento.

Asimismo, indicaron que se deben amparar los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la seguridad y a la vivienda digna de los miembros de los pueblos Emberá, por ello, el inmueble debe cumplir “con las condiciones de dignidad y espacio suficiente, disponibilidad de servicios, acceso a saneamiento y demás características que lo hagan idóneo y funcional como albergue temporal y de emergencia”. De igual manera, no se puede dejar de prestar los servicios públicos y psicosociales necesarios para seguir atendiendo a la comunidad mientras se define su retorno o reubicación.

https://twitter.com/personeriabta/status/1930586681805099240

¿Qué decía la tutela?

Según detalla el documento, “desde el 2023 existen alertas de colapso de la edificación, hacinamiento, mal manejo de residuos y falta de agua potable”, situaciones que fueron comunicadas a la administración distrital y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). También manifestaron que el lugar tiene “daños en la red eléctrica y en el suministro de agua, presencia de roedores muertos, disposición inadecuada de desechos”.

Además, el cupo es de 180 personas y en ese entonces había más de mil, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores. “Se evidencian dormitorios en salones, pasillos y zonas comunes del edificio, y cambuches en todos los espacios sin ningún orden ni organización interna, lo que limita la privacidad entre uno y otro; hay problemas de humedad en techos y paredes, escapes de aguas residuales que se vierten en dormitorios y pasillos, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades; las paredes, pisos y techos están en estado de deterioro avanzado; las instalaciones eléctricas están descolgadas y hay conexiones artesanales expuestas, lo que presenta un peligro de electrocución; se encontraron tanques de gas en uso donde duerme la comunidad, lo que genera un alto riesgo de explosión y contaminación por falta de ventilación; hay exposición de los habitantes a la inhalación de gases ofensivos y letales para la salud humana”, agregaron.

Dayineth Isabel Molina Velásquez