Comité ciudadano que pretende revocar el acuerdo con las Farc recibe aval de la Registraduría

El trámite pone en tensión la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito, la legalidad del acuerdo y los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aprobó la inscripción de un comité ciudadano que busca convocar un referendo para derogar el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, en la que se autoriza a los promotores a iniciar la recolección de firmas para respaldar la iniciativa. El documento señala que la solicitud fue radicada el 29 de julio y que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que regula los mecanismos de participación ciudadana.

El comité fue inscrito bajo el nombre “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”. Sus voceros son Julián Alberto Rocha Aristizábal y Carlos Daniel Jiménez Zambrano. Rocha, abogado y exmilitante del Centro Democrático, ha sido vinculado al Movimiento de Salvación Nacional. Según la Registraduría, será responsable de las actividades administrativas, financieras y de campaña que se desprendan del trámite del referendo. El comité asegura que “los acuerdos, como política pública, han sido un fracaso” y que “la paz total ha sido un fracaso”.

Para que la iniciativa prospere, el comité deberá recolectar al menos el 5 % del censo electoral vigente, lo que equivale a 2.056.780 firmas válidas. En caso de superar ese umbral, se convocaría a votación popular, la cual solo sería válida si participa al menos el 25 % del censo, es decir, cerca de 10,28 millones de ciudadanos. Rocha ha señalado que la iniciativa no cuenta con respaldo financiero ni partidista, y que se desarrollará “respetando los topes de financiación y las reglas del Estado de derecho en democracia”. También afirmó que “no hemos tenido verdad ni justicia ni reparación” y que “los mayores perpetradores de la violencia permanecen impunes”.

El proceso se inscribe en una cronología que comenzó el 2 de octubre de 2016, cuando se realizó el plebiscito por la paz. En esa votación, el “No” obtuvo el 50,21 % de los votos frente al 49,79 % del “Sí”. A pesar del resultado, el Gobierno de Santos renegoció el texto y firmó el acuerdo definitivo el 24 de noviembre de ese mismo año en el Teatro Colón. Desde entonces, el acuerdo ha sido implementado gradualmente, con avances en el desarme, la reincorporación política y los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Aun así, a la fecha persisten desafíos en la reforma rural, la formalización de tierras y la seguridad de los excombatientes, de los cuales 460 han sido asesinados desde 2016, según cifras oficiales.

Mientras algunos consideran que se trata de un ejercicio legítimo de participación ciudadana, otros advierten que podría generar inseguridad jurídica y afectar los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano.

El comité promotor sostiene que el acuerdo “desconoció la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito” y que sus resultados han sido insuficientes en términos de justicia, reparación y no repetición. Desde esta perspectiva, el referendo sería un mecanismo legítimo para revisar una política pública de largo alcance. Por el contrario, críticos de la iniciativa señalan que revocar el acuerdo podría debilitar la reincorporación de excombatientes, afectar la seguridad jurídica y poner en riesgo los avances logrados en la desmovilización. Además, recuerdan que el acuerdo fue ajustado tras el plebiscito y aprobado por el Congreso, lo que le otorga validez institucional.

La recolección de firmas será el primer termómetro ciudadano sobre el respaldo real a la propuesta. En caso de avanzar, el referendo podría convertirse en uno de los principales temas de discusión política en el país durante los próximos meses, reabriendo un capítulo que ha marcado profundamente la historia reciente de Colombia.

Juan Joya