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La Comisión de Acusación de la Cámara pidió trasladar la investigación sobre la presunta conformación de grupos paramilitares en la Hacienda Guacharacas.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó a la Fiscalía General el expediente contra Álvaro Uribe Vélez por la investigación relacionada con la presunta conformación de grupos paramilitares en la Hacienda Guacharacas.
La petición abre una posible colisión de competencias entre la Fiscalía y el Congreso, debido a que los representantes consideran que los hechos investigados podrían corresponder al periodo en el que Uribe ejerció como presidente de la República.
La solicitud fue firmada por Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Acusación, quien sostuvo que la investigación está relacionada con la presunta participación del exmandatario en un delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos alrededor de la Hacienda Guacharacas.
Según la hipótesis citada en la comunicación, allí operaba un grupo paramilitar que posteriormente fue conocido como Bloque Metro. La Comisión señala que Uribe habría facilitado y promovido el accionar de esa organización, una afirmación que hace parte de la investigación y no de una decisión judicial definitiva.
La discusión por el juez natural
El argumento central de la Comisión está relacionado con el periodo en que presuntamente se habría cometido el delito. La carta señala que la fecha de consumación del concierto para delinquir agravado sería 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente, cargo que ocupó entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.
Los representantes sostienen que, al tratarse de hechos que eventualmente ocurrieron durante su mandato, el Congreso sería el juez natural de los expresidentes de la República, de acuerdo con la interpretación planteada por la Comisión.
La corporación también invoca el carácter permanente del delito investigado. Según su planteamiento, existiría una razón para que la Comisión de Acusación asuma conocimiento de los hechos que se habrían desarrollado durante el periodo presidencial de Uribe.
La Comisión ya votó la solicitud
La solicitud no corresponde a una iniciativa individual. El pleno de la Comisión de Acusación aprobó pedir formalmente a la Fiscalía que remita el proceso contra Uribe para determinar qué autoridad debe continuar con la actuación.
El siguiente paso depende de la respuesta de la Fiscalía. Si el organismo investigador decide no entregar el expediente, podría configurarse formalmente un conflicto de competencias entre la Fiscalía General y la Comisión de Acusación de la Cámara.
La propia comunicación enviada a la Fiscalía plantea que, en ese escenario, el expediente sea remitido a la Corte Constitucional para que defina cuál autoridad debe asumir el proceso.
La Corte Constitucional tendría la última palabra
La Comisión pidió que, si la Fiscalía no acepta su solicitud, se remita el expediente a la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el propósito de que dirima la colisión de competencias.
La carta cita el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política como fundamento para solicitar la intervención del alto tribunal.
La disputa jurídica podría trasladar el caso de la Fiscalía al Congreso, mientras la Corte Constitucional tendría la posibilidad de definir qué autoridad está facultada para investigar los hechos relacionados con la Hacienda Guacharacas.
El desenlace de esta discusión determinará quién continuará al frente de una investigación que involucra al expresidente Álvaro Uribe y hechos que, según la hipótesis citada por la Comisión, se remontan a 2003.
Humberto ‘Toto’ Torres
