Colombia reactiva el uso del glifosato: ¿Dónde queda la promesa de erradicación sin químicos?

La Policía Nacional de Colombia ha firmado un contrato por 2.673 millones de pesos con la empresa Del Monte Agrosciences SAS para la adquisición de glifosato destinado a la erradicación terrestre de cultivos ilícitos en diversas regiones del país. Este acuerdo, formalizado mediante la resolución 0522 del 28 de mayo, se enmarca dentro de las estrategias del gobierno para enfrentar el problema del narcotráfico y busca reforzar operativos de erradicación en al menos 15 departamentos.

El uso del glifosato en Colombia ha sido un tema de gran controversia. Su aplicación aérea fue suspendida en 2015 por la Corte Constitucional debido a los riesgos para la salud y el medio ambiente. En 2017, se estableció que la aspersión podría retomarse si se demostraba científicamente su inocuidad. Durante el gobierno de Iván Duque, el herbicida volvió a ser parte fundamental de las estrategias de erradicación forzada, con una inversión de 12.500 millones de pesos adjudicada a la misma empresa, Del Monte Agrosciences SAS, para la realización de aspersiones aéreas. Este contrato fue firmado pocos días antes de la posesión del presidente Gustavo Petro en 2022, mostrando su enfoque de continuidad en el uso de químicos para combatir cultivos ilícitos.

Con la llegada del gobierno de Petro, se esperaba una política más enfocada en la concertación con las comunidades y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sin embargo, la reciente compra de glifosato y el anuncio del Ministerio de Defensa sobre su uso terrestre han generado interrogantes sobre el cumplimiento de las promesas del presidente. Aunque la cartera de Defensa ha enfatizado que la prioridad sigue siendo el diálogo con las comunidades, la reactivación de la aspersión terrestre sugiere que el herbicida sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico.

Las reacciones ante esta decisión han sido diversas. Algunos sectores consideran que la medida es necesaria para reducir la producción de coca, mientras que otros critican la falta de coherencia con los compromisos previos del gobierno. La compra de 100 canecas de 200 litros y 130 bidones de 20 litros de glifosato para operativos en departamentos como Cauca, Meta, Putumayo y Norte de Santander ha generado preocupación entre ambientalistas y defensores de derechos humanos.

En cuanto al alcance de la medida, el Ministerio de Defensa ha asegurado que la aspersión terrestre será estrictamente controlada y utilizada como último recurso en zonas donde la sustitución voluntaria no ha dado resultados. No obstante, los efectos de esta estrategia siguen siendo motivo de análisis. La aplicación de glifosato ha sido cuestionada por su impacto en la biodiversidad y la salud humana, especialmente en comunidades rurales que pueden verse afectadas por el contacto con el químico.

La política de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia continúa evolucionando, y el regreso del glifosato demuestra que el debate sobre sus efectos y viabilidad sigue abierto. A medida que se implementan nuevas estrategias, será clave observar los resultados de esta medida y su impacto en las comunidades y el ecosistema del país.

Juan Joya