Colombia al borde de una crisis de movilidad: el transporte público está en riesgo

Desde el Congreso se advirtió que Colombia estaría enfrentando una emergencia social silenciosa que amenaza con escalar a una crisis nacional sin precedentes: el colapso del transporte público en las principales ciudades del país. Bogotá, con más de 4 millones de usuarios diarios en el sistema TransMilenio, es solo una de las urbes al borde del abismo.

Así lo indicó la representante a la Cámara Carolina Arbeláez: “Otros sistemas como el MIO en Cali y Metrolínea en Bucaramanga también presentan signos críticos de insostenibilidad financiera”. Según estimaciones, el déficit nacional de los sistemas de transporte masivo supera los $6 billones de pesos, y la ausencia de una política clara para la cofinanciación del diferencial tarifario pone en riesgo el derecho a la movilidad de más de 14 millones de personas que usan estos medios a diario.

El Gobierno Nacional, a través de los artículos 172 y subsiguientes del Plan Nacional de Desarrollo, se comprometió a girar recursos para cofinanciar la infraestructura de los sistemas de transporte masivo en el país. Sin embargo, varias ciudades siguen esperando esos recursos, necesarios para renovar sus flotas y adquirir vehículos eléctricos, claves para avanzar hacia una movilidad más limpia y eficiente.

Frente a este panorama, la representante Arbeláez, junto a otros congresistas, radicó un proyecto de ley que busca garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del transporte público en Colombia. La iniciativa tiene como objetivo frenar el inminente colapso del sistema, asegurando apoyo estructural por parte del Gobierno Nacional.

“El transporte público es un derecho. Sin él, millones de colombianos quedarían aislados y excluidos. Esta es una alerta roja. No podemos permitir que el racionamiento que ya afecta el agua, el gas o la energía en algunas regiones se replique ahora con el transporte. Las consecuencias serían devastadoras para las personas más vulnerables”, advirtió Arbeláez.

El proyecto legislativo propone:

• Un nuevo modelo estructural para la financiación y operación del transporte público.

• Cofinanciación estatal para infraestructura, operación y modernización tecnológica.

• Apoyo al desarrollo de líneas férreas y cables aéreos.

• Implementación de tarifas diferenciales, mecanismos para reducir la evasión y nuevas fuentes de financiación.

Además, hicieron un llamado a la acción conjunta entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y el Congreso, para adoptar soluciones que eviten el colapso del sistema en todo el país.

“Mientras países como España, México, Canadá y Hong Kong han implementado modelos sostenibles de movilidad urbana respaldados por el Estado, Colombia aún carece de una política estructural que proteja este servicio público esencial”, indicó Arbeláez.

La propuesta busca no solo evitar el colapso, sino garantizar un sistema de transporte público moderno, incluyente, ambientalmente sostenible y basado en energías limpias. La meta: una movilidad digna, eficiente y amigable con el medioambiente.

Paola Martínez Burgos