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15 julio, 2025Autoridades locales mantienen monitoreo constante y gestionan ayudas humanitarias en municipios como Santa María, aislado por el colapso de la infraestructura vial.
El departamento de Boyacá vive una de las temporadas de lluvias más intensas de los últimos años. Actualmente, 36 municipios se encuentran en alerta roja debido a los aguaceros persistentes que han causado deslizamientos, crecidas de ríos y daños en carreteras, afectando la movilidad, los cultivos y la seguridad de miles de habitantes. Aunque se han activado planes de contingencia, los recursos disponibles se han visto desbordados por la magnitud de la situación.
Santa María, ubicado en la provincia de Lengupá, representa uno de los focos más críticos. Allí, el desbordamiento del río Lengupá y varios deslizamientos bloquearon todos los accesos terrestres. Muchas familias permanecen aisladas, con dificultades para conseguir comida, atención médica y servicios básicos. Ante esta emergencia, las autoridades locales han pedido el apoyo urgente de organismos de socorro y han solicitado ayuda de la Fuerza Aérea para hacer llegar insumos por aire.
Y no es el único lugar afectado. En regiones como La Libertad, Neira y Oriente, también se han registrado inundaciones, desbordes de quebradas y daños en viviendas, que suman más afectados y complican las labores de respuesta. Por ello, se ha desplegado personal técnico en los puntos más expuestos para hacer monitoreos constantes y evitar que la situación se agrave aún más.
Como parte de las medidas preventivas, se ordenó la apertura técnica de la represa de Chivor para evitar desbordamientos en el embalse. Esta acción obligó al cierre temporal de la Transversal del Sisga, una vía estratégica que une a Boyacá con Cundinamarca. Esto ha generado complicaciones en el tránsito y el suministro de bienes, además de aumentar la alerta en las comunidades cercanas al río por posibles crecientes repentinas.
Mientras tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lanzó una advertencia urgente ante la falta de recursos para atender esta emergencia en todo el país. Según sus cifras, más de 100.000 familias han resultado afectadas por las lluvias durante este 2025. El director de la entidad ha solicitado al Gobierno Nacional la liberación inmediata de 1,9 billones de pesos para garantizar la operación del sistema de atención de desastres y el envío de ayudas humanitarias.
El panorama es preocupante. La Gobernación de Boyacá ha comenzado a distribuir kits de emergencia, pero admite que la escala de esta crisis supera su capacidad operativa. La prioridad en estos momentos es estabilizar las zonas más golpeadas y abrir rutas seguras para que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan. Pero mientras las lluvias continúan, también lo hace la amenaza de nuevos desastres que podrían poner en riesgo a más poblaciones vulnerables.
Con una temporada invernal prolongada y una respuesta institucional limitada por la falta de presupuesto, Boyacá enfrenta una emergencia ambiental, social y operativa sin precedentes. La articulación entre entidades nacionales, gobiernos locales y equipos humanitarios será clave para evitar que esta crisis se transforme en una tragedia mayor.
Juan Joya




