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La senadora María José Pizarro y dos representantes impulsan la creación del partido Progresistas, pero enfrentan obstáculos legales.
Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá tomar una decisión clave para el futuro del movimiento ‘Progresistas’, impulsado por la senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landínez y David Racero. La corporación votará una ponencia presentada por el magistrado Alfonso Campo, que recomienda negar la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
La solicitud de escisión fue radicada en diciembre de 2024, con el objetivo de conformar una nueva colectividad política que pudiera integrarse al partido único que proyecta el Pacto Histórico para las elecciones de 2026. Esta estrategia responde a una limitación legal: al haber superado el 13 % de las curules en el Congreso, el Pacto Histórico no puede presentarse como coalición en los próximos comicios, por lo que busca consolidarse como partido único.
Sin embargo, la ponencia de Campo plantea un obstáculo jurídico. El magistrado argumenta que el MAIS enfrenta dos procesos sancionatorios vigentes, lo que impide su escisión voluntaria. Para sustentar su posición, invoca el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que establece que “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”. Según Campo, esta condición se cumple en el caso del MAIS.
“Esta corporación negará la solicitud presentada por la ciudadana María José Pizarro Rodríguez respecto al reconocimiento de personería jurídica al partido Progresistas, pues se encuentra acreditada la existencia de dos procesos sancionatorios vigentes en contra del partido originario, MAIS”, se lee en la ponencia, que será discutida en sala plena.
La decisión del CNE se da en cumplimiento de una orden del Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió una acción de tutela interpuesta por la senadora Pizarro. En el recurso, la congresista alegó vulneración de sus derechos políticos y administrativos, al considerar que el CNE no había respondido de fondo a la solicitud de escisión. El tribunal le dio la razón y ordenó a la corporación electoral pronunciarse en un plazo de cinco días.
“El 21 de enero de 2025 se radicó la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del partido Progresistas (…) y han transcurrido más de cuatro meses sin que la actuación administrativa haya tenido movimiento alguno”, señala el fallo judicial, que obliga al CNE a resolver el caso esta semana.
Aunque inicialmente se esperaba una ponencia favorable, en los últimos días se conoció que Campo solicitó informes sobre los procesos sancionatorios en curso contra el MAIS, lo que anticipó un cambio de postura. La ponencia negativa fue radicada este martes y será sometida a votación inmediata, debido al plazo judicial.
La creación del partido Progresistas busca garantizar la participación de los tres congresistas en el nuevo bloque oficialista, sin perder representación ni autonomía política. De negarse la escisión, los impulsores del nuevo partido quedarían sin vía jurídica para sumarse al proyecto del Pacto Histórico como partido único, lo que podría fragmentar la coalición y debilitar su estrategia electoral para 2026.
Además, la decisión del CNE podría sentar un precedente sobre los límites legales para la reorganización interna de los partidos políticos, especialmente en contextos donde existen investigaciones disciplinarias o sancionatorias. En este caso, el MAIS enfrenta procesos que aún no han sido resueltos, lo que impide su transformación estructural según la legislación vigente.
Se espera que la sala plena del CNE sesione este miércoles para votar la ponencia. El resultado definirá si se reconoce o no la personería jurídica del partido Progresistas, y marcará un precedente en el proceso de consolidación del Pacto Histórico como fuerza política unificada.
Juan Joya
