Clandestinidad o deportación: el dilema de venezolanos tras el portazo migratorio de Trump

Una cifra que estremece por su crudeza: 250.000 venezolanos pierden su protección migratoria en Estados Unidos el pasado viernes 7 de noviembre, sumándose a los 320.000 que ya habían sido despojados del mismo amparo. Con la rescisión del Permiso de Protección Temporal (TPS) por parte de la administración Trump, un cuarto de millón de personas se vuelven susceptibles de deportación de la noche a la mañana, después de años de trabajo, pago de impuestos y arraigo en comunidades estadounidenses.

Se trata de la primera vez en 35 años que una administración federal rescinde completamente un estatus TPS para una nacionalidad completa. Este hecho histórico marca un punto de inflexión en la política migratoria norteamericana, cerrando con un portazo la política de brazos abiertos emprendida por Joe Biden. La frialdad de las cifras esconde dramas humanos profundos, y la respuesta de los afectados es un testimonio elocuente de su desesperación.

Frente al dilema de volver a Venezuela o quedarse sin estatus legal, la decisión de muchos inmigrantes venezolanos es clara: “No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”. Esta resignada declaración encierra una tragedia humanitaria en ciernes. Estas personas eligen empezar de cero, sin el documento que les permite trabajar legalmente y sin protección contra la deportación, desconectando sus números de celular para no dejar rastro al ICE en la “nueva vida” que les espera.

El riesgo mayor lo enfrentan aquellos con órdenes de deportación previas, ya que, como explican abogados expertos, “el TPS pone un pare a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa”. Aunque técnicamente conservan opciones legales como solicitar asilo o visados especiales, un jurista consultado admite que “no son [procesos] fáciles de ganar”, dejando a estas familias en un limbo jurídico y existencial.

La voz del diputado opositor venezolano Henrique Capriles resuena con particular fuerza ante esta crisis: “Obligarlos a volver sin garantías de libertad, democracia ni condiciones de vida dignas no solo es injusto, sino que también viola sus derechos humanos”. Su lamento por las familias dejadas “en la incertidumbre después de años de esfuerzo y trabajo honesto” contrasta con la justificación del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo portavoz, Matthew Tragesser, afirma que “permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos no es lo mejor para Estados Unidos”.

La historia reciente del TPS para venezolanos—designado por primera vez en 2021 bajo Biden, expandido en 2023 y extendido hasta 2026—muestra la volatilidad extrema de las políticas migratorias, sujetas a los vaivenes del poder. La revocación de Trump, basada en que Venezuela ya “no cumple los requisitos estatutarios del TPS”, ignora la realidad de un país que sigue sumido en una profunda crisis humanitaria. Al convertir a trabajadores legales en inmigrantes indocumentados, Estados Unidos no resuelve un problema migratorio; crea uno nuevo, con un altísimo costo humano y social.

Humberto ‘Toto’ Torres