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Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones dejó cinco integrantes de la Armada Nacional heridos en el departamento del Chocó, en un hecho que vuelve a evidenciar la creciente capacidad tecnológica de los grupos armados ilegales que operan en esta región del país. Las autoridades atribuyen la acción a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ataque se registró en el corregimiento de Belén de Docampadó, zona rural del municipio de Bajo Baudó, mientras unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22 desarrollaban operaciones militares en el área. Según informó la Fuerza Naval del Pacífico, un suboficial y cuatro infantes de marina resultaron gravemente heridos luego de ser alcanzados por artefactos explosivos lanzados desde drones modificados.
De acuerdo con la información oficial, la acción violenta ocurrió en la mañana del 7 de junio, cuando los uniformados adelantaban labores operacionales en esta zona del litoral Pacífico colombiano, una de las más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales y las disputas territoriales derivadas del conflicto armado.
Tras la explosión, los militares recibieron atención médica de emergencia en el lugar de los hechos. Posteriormente, una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico efectuó la evacuación hacia un centro hospitalario de alta complejidad en el Distrito Especial de Buenaventura, donde permanecen bajo observación médica y reciben tratamiento especializado.
Frente a lo ocurrido, la Armada Nacional expresó su rechazo y anunció acciones legales. La institución señaló que “rechaza categóricamente este ataque terrorista”, al considerar que vulnera de manera grave el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos. Asimismo, informó que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Crece la preocupación por el uso de drones armados en Colombia
El empleo de drones acondicionados para lanzar explosivos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las Fuerzas Militares y de los organismos de seguridad del Estado. Las autoridades advierten que organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN y otras estructuras criminales, han adaptado esta tecnología para aumentar su capacidad ofensiva y atacar objetivos a distancia.
Según los organismos de seguridad, esta modalidad representa un desafío creciente para las operaciones militares, especialmente en regiones apartadas como el Pacífico colombiano, donde las condiciones geográficas dificultan la detección y neutralización de estos dispositivos antes de que sean utilizados.
Además de afectar a la Fuerza Pública, los ataques con drones explosivos también generan riesgos para las comunidades rurales, que pueden quedar expuestas a daños colaterales en medio de enfrentamientos o acciones terroristas. Ante este panorama, la Armada reiteró que continuará desarrollando operaciones en la región con el objetivo de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados.
En ese sentido, la institución militar enfatizó que “el uso de drones acondicionados con explosivos constituye una práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, al poner en peligro tanto a los uniformados como a los habitantes de las zonas donde operan estas estructuras ilegales.
Persisten las afectaciones contra la Fuerza Pública
Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa reflejan la compleja situación de seguridad que enfrenta el país. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 murieron 30 integrantes de la Fuerza Pública en hechos relacionados con el cumplimiento de su misión institucional.
Del total de víctimas, 13 eran soldados del Ejército Nacional, 16 patrulleros de la Policía Nacional y un auxiliar bachiller, según los registros oficiales.
A esta situación se suma que nueve uniformados permanecen secuestrados por el ELN y por disidencias de las Farc, además de dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, hechos que mantienen la preocupación de las autoridades frente al recrudecimiento de las acciones de los grupos armados ilegales en varias regiones del territorio nacional.
Humberto ‘Toto’ Torres
