CIDH condenó a Colombia por desaparición forzada de jóvenes: ¿qué dice la sentencia?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el viernes 13 de diciembre al Estado colombiano por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, ocurrida el 19 de mayo de 1995 en Cali, ocurrida el 19 de mayo de 1995 en Cali.

Los jóvenes eran exintegrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) que vivió su exterminio en la década de los 90 tras su desmovilización en 1991 y según la sentencia, agentes de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía Nacional, llevaron a cabo el crimen tras una persecución que realizó el Gobierno en contra de excombatientes desmovilizados y defensores de derechos humanos.

El tribunal internacional determinó que “el Estado es el responsable de la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a defender los derechos humanos, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección a la familia y la niñez”.

En el comunicado destacaron que en el caso hay impunidad total, ya que hasta la actualidad no se han identificado a los responsables de dichas desapariciones, subrayando también que desde el “inicio el proceso penal tuvo un alcance limitado, descartando posibles líneas de investigación relacionadas con la participación de agentes estatales pese a la prueba, y en particular las declaraciones de una testigo”. Adicionalmente, encontró al Estado responsable por haber incumplido la obligación prevista en el artículo 2 de la Convención Americana debido a la no utilización del tipo jurídico de desaparición forzada, pese a que los representantes de los familiares habrían solicitado la recalificación”.

https://twitter.com/CorteIDH/status/1867629129064907060

En ese sentido, la CIDH señaló que los familiares de las víctimas sufrieron actos de “hostigamiento, amenazas y acoso por parte de autoridades policiales”, y que a pesar de que el Estado sabía lo que estaba ocurriendo, no tomó acciones para que esa violencia tuviera fin. Por tal motivo, la entidad exigió que se realice una reparación de las víctimas, con el pago de un monto por concepto de “medida de rehabilitación”.

Otra de las medidas que deben hacer son: continuar con la búsqueda de Ubaté y Bogotá, identificar, investigar y judicializar a los responsables, adoptar garantías de no repetición para prevenir desapariciones forzadas e implementar medidas de memoria histórica.

Durante 29 años, las familias de las víctimas han luchado por encontrar la verdad. Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que representa a los familiares, el caso refleja un patrón de desapariciones forzadas ejecutadas directamente por agentes estatales en la década de los 90. “La lucha por encontrar a estos dos jóvenes continúa, pero esta decisión es un impulso para este proceso”, expresó Jomary Ortegón, vicepresidenta de CAJAR.

Dayineth Molina Velásquez