Chocó, el epicentro de una alerta por riesgo electoral en Colombia

La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió una señal de alarma sobre la situación del departamento del Chocó, donde cerca del 60 % del censo electoral enfrenta riesgo extremo ante las elecciones nacionales de 2026, debido a factores asociados con violencia, presencia de grupos armados y dificultades para el ejercicio pleno del derecho al voto. El informe advierte un escenario crítico para la participación democrática en la región.

Según el informe más reciente de la MOE, ocho municipios chocoanos han sido catalogados en riesgo extremo, entre ellos Quibdó, Istmina, Tadó, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Lloró, Medio San Juan y Sipí. Las causas identificadas están ligadas a la presencia y confrontación de grupos armados ilegales como el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que dificultan no solo el acceso a los puestos de votación, sino también la movilidad y la participación ciudadana. La presencia de actores armados condiciona el desarrollo normal del proceso electoral.

La MOE advierte que estas dinámicas representan no solo un reto logístico, sino también una amenaza a la transparencia y legitimidad democrática, en la medida en que pueden influir indirectamente en la voluntad de los electores o generar condiciones que coarten la libre expresión del voto. El riesgo no es únicamente operativo, sino estructural para la democracia local.

La situación en Chocó no es un caso aislado, sino parte de un contexto nacional en el que diferentes organismos han señalado riesgos electorales en múltiples regiones del país. La Defensoría del Pueblo ha reiterado alertas sobre los efectos de los grupos criminales en distintas zonas, incluidos departamentos como Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se registran restricciones a la movilidad, amenazas y prácticas que pueden limitar la libertad individual antes y durante las elecciones. Las alertas evidencian un panorama complejo en varias regiones del país.

En el caso de Antioquia, por ejemplo, la MOE ha registrado que 37 municipios, el 29,6 % del total departamental, presentan algún nivel de riesgo electoral, con 18 de ellos en riesgo extremo. Las subregiones más afectadas incluyen el Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Suroeste, zonas históricamente marcadas por disputas territoriales y economías ilícitas que complican la garantía de un proceso electoral en libertad. El fenómeno del riesgo electoral se extiende más allá del Pacífico colombiano.

Debate político sobre la transparencia del proceso

Estas advertencias se producen en medio de un debate político más amplio sobre la integridad del sistema electoral colombiano de cara a las elecciones de marzo (legislativas) y mayo (presidenciales). El presidente de la República ha expresado públicamente preocupaciones sobre la posibilidad de fraude electoral y ha señalado, entre otros aspectos, la necesidad de mayor control estatal sobre el software de escrutinio y los procedimientos tecnológicos vinculados al conteo de votos. Las declaraciones han intensificado la discusión sobre las garantías del sistema electoral.

Sin embargo, estas posturas han generado reacciones en distintos sectores. Por ejemplo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha señalado que el proceso “será transparente” y que las instituciones encargadas trabajan para blindar las elecciones de cualquier irregularidad, defendiendo las garantías del sistema frente a las críticas. El CNE insiste en que existen mecanismos para proteger la transparencia del proceso.

Al mismo tiempo, distintas voces dentro y fuera del Gobierno han pedido que cualquier discusión sobre fallas o debilidades se canalice por los mecanismos institucionales correspondientes, recordando que las alertas por riesgos electorales no equivalen necesariamente a la constatación de fraude. Las autoridades recalcan la diferencia entre riesgo y evidencia de irregularidades.

En medio de este panorama, los organismos de control, observación y la sociedad civil han insistido en que la protección de los comicios no solo depende de advertencias institucionales, sino también de la veeduría ciudadana, la presencia de observadores y la participación informada de los votantes. La vigilancia de posibles delitos electorales como la compra de votos, la coacción o las interferencias en las campañas es considerada un componente esencial para garantizar que las elecciones se desarrollen bajo los principios de libertad y transparencia que sostienen la democracia colombiana. La participación activa de la ciudadanía es clave para blindar el proceso electoral.

Paola Andrea Martínez Burgos