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Las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco anunciaron un cese temporal de hostilidades contra la Fuerza Pública en todo el país. La orden, divulgada por el Secretariado del Estado Mayor Central, comenzará a regir desde las 11:00 p.m. del martes 23 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el miércoles 7 de enero de 2026.
El comunicado señala que la decisión busca permitir que las familias colombianas celebren las festividades “sin los temores propios de una confrontación armada”. La organización ilegal aclaró, sin embargo, que se reserva el derecho a la defensa en caso de ser atacada, lo que deja abierta la posibilidad de enfrentamientos si se presentan operaciones militares en sus zonas de influencia.
La medida se aplica exclusivamente contra la Fuerza Pública y no incluye a otros grupos armados ilegales. Esto significa que las confrontaciones con organizaciones rivales podrían continuar en regiones donde las disidencias mantienen presencia, especialmente en áreas de disputa por corredores de narcotráfico y control territorial.

El anuncio se conoce en un momento en que las autoridades han intensificado los operativos contra las estructuras de Mordisco. La Policía Nacional reveló recientemente información sobre su paradero, indicando que estaría oculto en zonas selváticas de difícil acceso en el departamento del Guaviare, protegido por campamentos clandestinos y corredores de movilidad que han impedido su captura.
Paralelo a esto, otras facciones disidentes han hecho pronunciamientos similares. Alias Calarca, por ejemplo, decretó un cese al fuego indefinido contra la Fuerza Pública, aunque también excluyó a otros actores ilegales. La diferencia entre un cese indefinido y uno limitado a la temporada navideña refleja la falta de cohesión entre las distintas estructuras armadas, que operan bajo mandos autónomos y con intereses diferenciados.
En las comunidades del Guaviare, Meta y Caquetá, donde las disidencias de alias Iván Mordisco mantienen presencia activa, el anuncio del cese temporal de hostilidades ha sido recibido con cautela. Líderes sociales señalaron que la población espera que la medida se traduzca en hechos concretos, recordando que en ocasiones anteriores los compromisos de tregua se rompieron rápidamente. En veredas de San José del Guaviare y Calamar, habitantes relataron que la presencia de campamentos armados sigue siendo una amenaza latente, incluso cuando se habla de tregua, y que la suspensión de ataques contra la Fuerza Pública no significa necesariamente un alivio, pues las disputas con otros grupos ilegales siguen generando riesgos.
A pesar del anuncio, no hay garantías de estabilidad. La violencia entre organizaciones criminales seguirá vigente en corredores estratégicos del narcotráfico, como los que conectan el sur del Meta con la frontera venezolana y el Pacífico. Las economías ilícitas continúan siendo el motor de las estructuras armadas, lo que limita efectivamente el alcance real de cualquier tregua. En medio de la retórica de paz, la ironía es evidente: quienes han sostenido la guerra y el negocio de la violencia se presentan ahora como promotores de calma, aunque solo por unos días y bajo sus propias condiciones.Juan Joya




