Cepeda exige que Uribe responda ante la justicia por 7.837 falsos positivos antes de aspirar a cargos  

El candidato presidencial Iván Cepeda lanzó un fuerte pronunciamiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de la polémica por las nuevas cifras de ejecuciones extrajudiciales reveladas por la Jurisdicción Especial para la Paz. El senador aseguró que antes de aspirar a un cargo público, Uribe debe responder ante la justicia por los llamados falsos positivos.

La controversia surge luego de que la senadora Paloma Valencia propusiera al exmandatario como eventual ministro de Defensa en un hipotético gobierno suyo. El planteamiento reavivó el debate político sobre la responsabilidad en los crímenes ocurridos durante su administración, especialmente tras la actualización de cifras por parte del tribunal de paz.

De acuerdo con la JEP, el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ascendió a 7.837 casos, superando ampliamente la cifra previa de 6.402. Este incremento, según explicó el presidente de la entidad, Alejandro Ramelli, responde a una ampliación en el rango de análisis y en las fuentes de información utilizadas para documentar los hechos.

Frente a este panorama, Cepeda calificó el dato como alarmante y sostuvo que “la Jurisdicción Especial para la Paz le dio al país una noticia trascendental”, al evidenciar que “el número de las víctimas de falsos positivos asciende de 6.402 a 7.837, una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia”. En su declaración, también enfatizó que esta carga histórica “pesa sobre quien ha sido postulado para ser ministro de Defensa”.

El congresista fue más allá al afirmar que, como víctima de la violencia de Estado, “Uribe, antes que aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos perpetrados durante sus gobiernos”. Sus palabras marcan un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre ambos dirigentes.

Por su parte, la JEP explicó que el ajuste en las cifras obedece a un análisis más amplio que ahora cubre el periodo entre 1990 y 2016, y no únicamente los años comprendidos entre 2002 y 2008. Este cambio metodológico permitió identificar nuevos casos y consolidar una cifra más cercana a la realidad del fenómeno, uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano.