Ceder espacios a la corrupción en emergencia por COVID-19, es complicidad: Gobierno a ordenadores del gasto

La Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública presentan un catálogo de advertencias y recomendaciones para que servidores públicos, ordenadores del gasto, eviten responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

El documento señala las disposiciones que deben aplicarse  en  las diferentes etapas de contratación,  que resume en  cinco puntos: la normatividad aplicable en la contratación pública, medidas de transparencia para la contratación pública de bienes y servicios; lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción y de integridad pública; acciones de promoción de la transparencia; el acceso a la información y la rendición de cuentas y finalmente el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez les recordó que adicionalmente el ordenamiento jurídico exige a todos los servidores públicos “denunciar con inmediatez conductas presuntamente irregulares y delictivas, realizar debida valoración de los riesgos, actuar con total transparencia e integridad y aplicar correcta y cabalmente las disposiciones jurídicas contractuales; acciones indispensables para conjurar cualquier oportunidad que tengan los delincuentes”.

Además señaló que la crisis sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus ha obligado medidas de excepción y ha habilitado mecanismos  para agilizar adquisición de  bienes y servicios, que permitan  reaccionar con prontitud de cara a proteger la salud y la vida de los colombianos, “ello  no puede dar cabida a hechos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos,  abusos de poder; ni habilidad para gestionar recursos, significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que fraude y malversación de fondos”.

Por su parte la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, insistió en que la emergencia sanitaria “no puede ser aprovechada para incumplir la ley, ni para usurpar los dineros públicos. Es nuestra obligación con el país entero, desempeñar la función actuando con transparencia en la ejecución de los dineros públicos y con mayor razón, los destinados a la crisis sanitaria que afecta los más preciados derechos como son la vida y la salud de nuestros compatriotas”.

La circular conjunta insiste en aplicar las normas que rigen al amparo de la Declaratoria de Emergencia Económica y Social, enunciadas en la “Guía de Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del Coronavirus”, ahora  Colombia Compra Eficiente.

Reafirma que los contratos para compras de bienes y servicios deben guardar directa relación con la mitigación de la pandemia, y realizarse teniendo en cuenta los precios del mercado para lo cual es necesario estructurar un estudio de trazabilidad de precios. Así como hacer minucioso seguimiento a la calidad de los productos, servicios y a la entrega de los mismos.

Enfatiza que la urgencia no significa incumplimiento de la ley y en la obligatoriedad de cumplir el principio de publicidad de contratación, conforme a los requisitos legales; soportar jurídicamente las decisiones, hacer uso de las plataformas e instrumentos de la Agencia Nacional de Contratación, e igualmente es importante identificar al beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar su identidad, entre otras.  Hace igualmente un juicioso y detallado método sobre la forma adecuada de adelantar contrataciones de urgencia manifiesta, y el buen uso de los recursos públicos destinado a mitigar los efectos de la pandemia.

Finalmente, la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, reafirmó que están disponibles y preparados para orientar a servidores y contratistas en la adecuada gestión de los recursos estatales.