Gobierno frena extradición de ‘HH’ a EE.UU., pero le exige compromiso y lealtad con la paz
24 mayo, 2025
Condena para Alexis Velasco: casa por cárcel por ataque racista y violencia contra servidor público en Cali
24 mayo, 2025
La sombra de Odebrecht vuelve a Colombia: Exministra Cecilia Álvarez a juicio por irregularidades en Ruta del Sol
La Corte Suprema de Justicia fijó para el 13 de agosto de 2025 la audiencia de formulación de cargos contra Cecilia Álvarez-Correa Glen, exministra de Transporte durante el gobierno de Juan Manuel Santos, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación la acusa de interés indebido en la celebración de contratos, luego de más de un año de investigaciones que revelaron su supuesto rol en la modificación irregular del megaproyecto Ruta del Sol II.
Las irregularidades que la Fiscalía le atribuye
Según el ente acusador, Álvarez habría facilitado la inclusión del tramo Ocaña-Gamarra (entre Norte de Santander y Cesar) en el contrato original de la Ruta del Sol II, sin cumplir con los requisitos legales. Este añadido, que no estaba contemplado inicialmente, se habría realizado mediante dos otrosíes (modificaciones contractuales) que no contaban con estudios técnicos, ni con la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) o del Conpes, como exige la normativa colombiana.
“La exministra permitió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizara adiciones improcedentes, otorgándole al Consorcio Ruta del Sol —del que formaba parte Odebrecht— la construcción de este tramo sin un proceso competitivo de licitación”, denunció la Fiscalía. Lo más grave, según la investigación, es que este nuevo trayecto no tenía relación con el objetivo original del proyecto, que era conectar el Caribe con el interior del país, pues su orientación era transversal (oriente-occidente).
Conflictos de interés y beneficios ocultos
La Fiscalía sostiene que Álvarez tenía vínculos personales y económicos con el proyecto. Antes de asumir como ministra, habría hecho parte de juntas directivas de empresas relacionadas con un proyecto portuario en Gamarra, cuyo acceso dependía precisamente del tramo Ocaña-Gamarra. “Varios familiares de su pareja eran accionistas de estas sociedades, lo que configura un claro conflicto de interés”, señaló el ente investigador.
Además, en julio de 2014, la exfuncionaria emitió una resolución que permitió la instalación de dos nuevos peajes y el aumento de tarifas en cinco existentes, con el argumento de garantizar la financiación del consorcio. Esta medida, según la Fiscalía, fue una maniobra para cumplir con las cláusulas de los otrosíes y asegurar el flujo de recursos a la concesionaria.
El largo camino hacia la audiencia
La investigación lleva más de un año en curso: la Fiscalía radicó el escrito de acusación en octubre de 2023, pero la Corte Suprema solo ahora fijó fecha para la audiencia. Este retraso refleja la complejidad del caso, que se enmarca en el escándalo global de Odebrecht, una trama de sobornos que ha implicado a políticos y empresarios en una docena de países latinoamericanos.
Si la Corte admite los cargos, Álvarez se convertiría en una de las figuras de más alto perfil en ser llevadas a juicio en Colombia por este caso. Su defensa, sin embargo, podría argumentar que las decisiones tomadas en su gestión respondían a criterios técnicos y no a intereses particulares.
¿Qué sigue en el proceso?
El 13 de agosto será un día clave. Si los magistrados consideran que hay suficientes elementos para avanzar, el caso pasaría a una etapa de juicio, donde se definiría si la exministra es declarada culpable o no. De ser condenada, Álvarez enfrentaría una pena de entre 6 y 12 años de prisión, además de posibles inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, el escándalo sigue recordando cómo los tentáculos de la corrupción en megaproyectos de infraestructura han dejado una huella profunda en la política colombiana. La audiencia no solo será un examen para Álvarez, sino también una prueba para el sistema judicial, que busca demostrar que nadie está por encima de la ley.
Humberto ‘Toto’ Torres
