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19 agosto, 2025Este martes 19 de agosto, Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, confirmó que el Gobierno Nacional ya envió la solicitud para que la Interpol pueda tramitar la circular roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, por su presunta vinculación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Creemos que las probabilidades de que sea extraditado a Colombia son muy grandes (…) porque de acuerdo al tratado solamente se puede negar la extradición cuando se trata de delitos políticos o cuando la pena que se impone no es la consagrada en el tratado o cuando no se cumple con el principio de la doble incriminación. Es decir, la doble incriminación implica que el delito por el cual está siendo investigado en Colombia también sea delito en Nicaragua”, dijo en rueda de prensa.
Asimismo, aseguró que “se reúnen todos los presupuestos necesarios de acuerdo al tratado de extradición para que Ramón González sea enviado a Colombia”. Añadió que “los términos de decisión sí se rigen por el derecho interno de Nicaragua y la embajada y la Cancillería están muy atentos a pedir agilidad y priorización en este caso”.
Sobre la circular roja, el funcionario explicó que la solicitud se elevó a Francia, específicamente en Lyon: “En este momento Francia evalúa la posibilidad de hacer eficaz inmediatamente esa orden (…) Creemos también que se cumplen todos los requisitos y por lo tanto en cualquier momento consideramos que se debe hacer efectiva la orden internacional una vez hecha la evaluación en Francia”, agregó.
Es de recordar que Ramón González estaría ubicado en Nicaragua. Así lo dedujo la Fiscalía General de la Nación, ya que durante una audiencia celebrada el pasado 21 de mayo, se presentó de manera virtual y, al revisar la dirección IP, correspondía a la ciudad de Managua. Luego se confirmó que el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) obtuvo la residencia de ese país, donde está desde el 5 de noviembre de 2024, según documentos revelados por Noticias RCN.
Las declaraciones de MinJusticia se dieron en medio de la radicación en el Congreso del proyecto de Interdicción Marítima, el cual, según la cartera de Justicia, “permitirá que la Armada Nacional de Colombia, en casos puntuales, actúe con facultades de policía judicial”. Aclaró que “la medida respeta la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, según la cual las Fuerzas Militares, por su estructura jerárquica, no deben ejercer esas funciones en delitos de civiles, salvo en circunstancias excepcionales”.
Montealegre explicó que esta iniciativa reducirá riesgos de impunidad al ajustar los tiempos procesales y consolidará la capacidad estatal frente a narcotráfico, trata de personas y lavado de activos en delitos cometidos en alta mar.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




