El próximo 14 de enero, un juez especializado de Bogotá determinará si aprueba los preacuerdos alcanzados entre la Fiscalía General de la Nación y los principales implicados en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La audiencia, presidida por el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá, entrará a evaluar si las penas y restituciones económicas propuestas son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.
Entre los implicados se encuentran Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo del Riesgo; y el contratista Luis Eduardo López Rosero, quienes admitieron su participación en los delitos a cambio de condenas reducidas. También están involucrados Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, y Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento de la UNGRD, quienes firmaron acuerdos similares con la Fiscalía.
Por su parte, Olmedo López aceptó cargos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, con una condena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión, además de reintegrar 724 millones de pesos. Sneyder Pinilla reconoció su responsabilidad en los mismos delitos y pactó una pena de 6 años, 6 meses y 9 días, devolviendo 618 millones de pesos. Luis Eduardo López admitió delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, comprometiéndose a cumplir una pena de 6 años, 8 meses y 12 días, y a restituir 7.722 millones de pesos.
Es de recordar que Pedro Rodríguez Melo aceptó delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, acordando una condena de 4 años, 10 meses y 19 días, junto con el reintegro de 1.000 millones de pesos. Luis Carlos Barreto admitió delitos de peculado por apropiación y soborno, pactando una pena de 3 años, 7 meses y 13 días, además de devolver 150 millones de pesos.
En esta oportunidad, el juez evaluará si los preacuerdos cumplen con los principios de proporcionalidad, legalidad y reparación integral a las víctimas. Este caso ha generado indignación debido al desvío de recursos destinados a emergencias y desastres en el país. La decisión del juez se conocerá el 14 de enero.
Juan Joya