Caso UNGRD: Corte Suprema traslada investigación a la Fiscalía contra funcionarios del Ejecutivo

El alto tribunal compulsó copias para que se indague la posible comisión de delitos por parte de once altos cargos del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, ordenó la apertura de investigaciones penales contra once altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se formalizó mediante la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar si existen méritos para formular cargos.

La medida judicial se enmarca en una investigación más amplia que ya involucra a varios congresistas, señalados como presuntos beneficiarios de contratos millonarios adjudicados de manera irregular por la UNGRD. En esta nueva fase, el foco se traslada a miembros del Ejecutivo que habrían facilitado o participado en la aprobación de empréstitos estatales y en la asignación de recursos públicos a través de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.

Entre los funcionarios mencionados figuran exministros, asesores presidenciales y actuales miembros del gabinete. La lista incluye a Carlos Ramón González, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo; Diego Guevara, exviceministro de Hacienda; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.

También fueron incluidos en la compulsa Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud; Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior; Alba Nury Martínez Barrera, asesora del Ministerio de Hacienda; Andrea Ramírez, exasesora del entonces ministro Bonilla; y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Presidencia. Todos ellos deberán ser investigados por su presunta participación en la estructuración y ejecución de contratos que habrían sido utilizados para canalizar recursos de manera indebida.

La Corte tomó esta decisión tras analizar declaraciones y documentos que vinculan a los mencionados funcionarios con la aprobación de créditos públicos y la posterior asignación de contratos desde la UNGRD. En particular, se investiga si existió coordinación entre miembros del Ejecutivo y congresistas para facilitar la aprobación de empréstitos que luego fueron utilizados en procesos contractuales cuestionados por su falta de transparencia.

Uno de los elementos clave en esta etapa de la investigación fue el testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien habría revelado comunicaciones sostenidas con legisladores y funcionarios del Ejecutivo en torno a la aprobación de los créditos. Esta declaración permitió a la Corte establecer posibles vínculos entre decisiones administrativas y beneficios contractuales otorgados a terceros.

La Fiscalía General de la Nación deberá ahora analizar el material remitido por el alto tribunal y decidir si procede con la apertura formal de procesos penales. En caso de encontrar méritos, se podrían formular cargos por delitos relacionados con la contratación pública, el cohecho, la celebración indebida de contratos y otros tipos penales asociados a la corrupción administrativa.

Hasta el momento, no se ha establecido un calendario oficial para la evaluación de las copias ni para la eventual imputación de cargos. Sin embargo, esta decisión marca un nuevo capítulo en el caso UNGRD, que ha escalado desde el ámbito legislativo hasta el núcleo del Ejecutivo, poniendo en tela de juicio los mecanismos de aprobación de recursos públicos y la transparencia en su ejecución.

Juan Joya