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10 marzo, 2026La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación pretendía este martes 10 de marzo imputar cargos a Juliana Guerrero por el escándalo de presuntos títulos universitarios falsos volvió a aplazarse, luego de que la investigada no asistiera por segunda vez a la diligencia judicial programada en Bogotá. El proceso, que se adelanta ante un juzgado de control de garantías, busca esclarecer si la señalada incurrió en delitos relacionados con la presentación de documentos académicos presuntamente irregulares para acceder a cargos públicos.
La diligencia estaba prevista para desarrollarse en la mañana de este martes ante el Juzgado 79 de Control de Garantías de la capital; sin embargo, la procesada envió una comunicación al despacho solicitando el aplazamiento de la audiencia, argumentando que aún no ha podido contratar un abogado de confianza que asuma su defensa. Ante esa solicitud, la juez evaluó la petición y la audiencia no pudo avanzar como estaba previsto, lo que obligó a reprogramar el trámite judicial.
El ente investigador busca imputarle a Guerrero los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. De acuerdo con la investigación, Guerrero habría presentado ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos académicos que presuntamente no serían auténticos. Estos documentos habrían sido expedidos por la Fundación de Educación Superior San José y corresponderían a un tecnólogo y a un título profesional como contadora pública.
El caso tomó relevancia debido a que dichos títulos habrían sido utilizados para respaldar su aspiración a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad durante el actual gobierno. Por lo que la Fiscalía sostiene que cuenta con elementos materiales de prueba que apuntan a que los documentos académicos habrían sido alterados o emitidos de manera irregular, lo que motivó la apertura del proceso penal.
En medio de la audiencia también se conoció que el ente acusador decidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento que inicialmente contemplaba contra Guerrero. En un principio se había planteado pedir detención domiciliaria, pero la fiscal del caso indicó que no se encontraron los presupuestos jurídicos necesarios para sustentar esa petición, por lo que el proceso continuará sin esa medida restrictiva mientras avanza la investigación.
Esta no sería la primera vez que la diligencia de este proceso judicial se aplaza, ya que semanas atrás, una audiencia similar tampoco pudo realizarse debido a la ausencia de la investigada. Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza, quien desde el inicio fue la encargada de denunciar el caso, se pronunció y señaló que la joven es “la protegida” del presidente Gustavo Petro y además, expuso que la funcionaria reapareció el lunes públicamente en la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el periodo 2026-2030.
“No tiene tiempo para asistir a la audiencia de imputación pero sí para ir a votar en la elección de rector de la Universidad del César (UPC). Si esta señora presuntamente compra títulos, ¿será que vendió su voto a favor del próximo rector de la UPC? Ya tiene abogado que se paga con nuestros impuestos, pero por segunda vez pide reprogramar. Y la perla: la fiscalía desistió de la medida de aseguramiento en el proceso”, escribió en su cuenta de la red social X.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




