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Este 31 de octubre se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, estudiante de Economía de la Universidad de los Andes, cuyo cuerpo fue hallado en el canal del parque El Virrey, al norte de Bogotá, luego de asistir a una fiesta de disfraces en la Zona Rosa. El caso, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2010, se convirtió en uno de los procesos judiciales más prolongados y controvertidos en la historia reciente del país.
La investigación penal se centró en tres personas: Laura Milena Moreno Ramírez, quien acompañó a Colmenares la noche de su muerte; Jessy Mercedes Quintero Moreno, también presente en la fiesta; y Carlos Andrés Cárdenas, exnovio de Moreno, vinculado en un proceso paralelo. Las acusaciones incluyeron homicidio agravado, falso testimonio y encubrimiento. En 2017, un juzgado penal de Bogotá absolvió a Moreno y Quintero por “duda razonable”, decisión ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021.
La familia de la víctima, encabezada por Luis Alonso Colmenares y Oneida Escobar, ha sostenido, desde el inicio, que la muerte de su hijo fue un homicidio y no un accidente. Representados por el abogado penalista Jaime Lombana, han impulsado todas las acciones legales disponibles para revertir las decisiones judiciales. En 2024, la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso de casación interpuesto por la familia y la Procuraduría General de la Nación, para revocar las absoluciones y declarar que la muerte fue violenta.
La audiencia de casación se llevó a cabo en agosto de 2024 ante el magistrado ponente de la Sala Penal. En ella, la Fiscalía General de la Nación, que en etapas anteriores había solicitado la absolución de Moreno, cambió su postura y pidió que se reconociera la muerte como homicidio. La Procuraduría, por su parte, argumentó que existen pruebas suficientes para demostrar que la muerte no fue accidental y que hubo obstrucción a la justicia.
La defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, encabezada por los abogados Antonio Luis González y Ricardo Puentes, ha mantenido su posición de inocencia. Alegan que las sentencias absolutorias fueron producto de un análisis riguroso de las pruebas y que la presunción de inocencia debe prevalecer. Han denunciado que el caso fue objeto de un “juicio paralelo” en medios de comunicación y redes sociales, lo que generó una presión indebida sobre la opinión pública.
El proceso judicial permanece abierto y la decisión de la Corte Suprema aún no ha sido emitida. El fallo podría confirmar las absoluciones o revocar la decisión del Tribunal Superior, lo que reabriría el caso y permitiría nuevas actuaciones judiciales. Mientras tanto, el expediente sigue siendo objeto de atención pública, con posiciones encontradas sobre lo que realmente ocurrió aquella madrugada de Halloween.
En una declaración reciente, Luis Alonso Colmenares afirmó que ha perdonado a los involucrados en el plano personal, pero que sigue esperando justicia legal y divina. “No guardamos odio, pero no renunciamos a la verdad”, expresó. La familia ha reiterado que su lucha no busca venganza, sino esclarecer los hechos y lograr una condena penal para quienes consideran responsables.
A lo largo de estos 15 años, el caso ha expuesto vacíos en la investigación penal, contradicciones en las autopsias, presiones mediáticas y divisiones sociales. La falta de una verdad judicial definitiva mantiene vigente el debate sobre la transparencia de la investigación y la capacidad del sistema judicial para resolver casos complejos con rigor probatorio. La Corte Suprema tiene en sus manos una decisión que podría marcar un precedente sobre el alcance real de la justicia en Colombia.
Juan Joya




