Caso Chiquita Brands: condenan a exdirectivos por nexos con paramilitares

En la tarde del miércoles 23 de julio se conoció que el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió una sentencia a los exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, uno de los casos más polémicos de financiación al paramilitarismo en el país. Los involucrados fueron condenados a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de financiar, promover y organizar grupos al margen de la ley.

El fallo es contra los directivos de Banadex y Banacol: Charles Dennis Keiser, John Paul Olivo, José Luis Valverde Ramírez, Fuad Alberto Giacoman Hasbún, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Álvaro Acevedo González. Los condenados estaban siendo investigados por financiar al paramilitarismo en la región del Urabá, hechos ocurridos en la década de los 90.

El juez, además de ordenar la captura para los siete implicados, también dictó que deberán pagar una multa de 7.950 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, así como la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 135 meses. En el proceso judicial, el fallo absolvió a Javier Ochoa Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Víctor Manuel Henríquez Velásquez. Por ahora, la Fiscalía General de la Nación señaló que “una vez la fiscal del caso sea notificada de la decisión judicial, entrará a decidir si interpone recurso de ley”.

“La investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos probó que entre 1995 y 2004 los hoy condenados se concertaron con alias Pedro Ponte, comandante del bloque Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tenían injerencia en Urabá antioqueño, para financiar el grupo armado ilegal con tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada desde la región”, explicó el ente acusador.

Asimismo, indicaron que en nueve años los acusados realizaron al menos cien pagos que alcanzaron un total de 1.700.000 dólares, provenientes de la comercializadora Chiquita Brands International INC a través de su filial en Colombia Banadex y la empresa Banacol.
“La legalización de los pagos se hizo a través de servicios prestados de protección y vigilancia que realizaron siete cooperativas de vigilancia y seguridad privadas conocidas para la época como Convivir. La seguridad se prestó en cultivos, instalaciones y personal vinculado a las empresas bananeras y la comercializadora internacional que exportaba la fruta a Europa y Estados Unidos”, agregaron.

Y agregaron: “Estas cooperativas contaban con personería jurídica y reconocimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, lo que hacía legal su existencia. Los recursos fueron destinados para financiar la expansión del paramilitarismo en la región de Urabá con el homicidio de líderes sociales y campesinos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y la compra de 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos, entre otras actividades ilegales”.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, celebró el fallo y, a través de su cuenta oficial de la red social X, escribió:
“Celebramos esta decisión, que llega a dos meses de que el caso prescribiera, y reconoce los nexos de la multinacional con las AUC, a través de más de 100 pagos ilegales… La empresa había sido sancionada en EE. UU. en 2007, pero en Colombia permanecía impune. Seguimos exigiendo la VERDAD de lo sucedido en el conflicto”.

Dayineth Isabel Molina Velásquez