Caso Carpetas Secretas: militares sancionados por espionaje a civiles

¿Cómo afecta este escándalo la confianza en las instituciones de inteligencia en el país?
Cinco años después de que saliera a la luz el caso conocido como “Carpetas Secretas”, la Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones disciplinarias contra nueve miembros del Ejército Nacional. La sanción responde a su participación en operaciones de perfilamiento a más de 130 personas en Colombia, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y figuras políticas. Este fallo es el resultado de una investigación extensa que, a pesar de los múltiples intentos de los involucrados por frenar su avance, ha permitido determinar cómo fueron realizadas estas labores de inteligencia sin justificación legal alguna.

El fallo emitido por la Procuraduría sostiene que los uniformados sancionados se extralimitaron en sus funciones, en el ámbito de la inteligencia militar, cuando es crucial contar con fundamentos legales para recolectar información sobre ciudadanos, especialmente cuando no existe una amenaza real contra la seguridad nacional. Sin embargo, en este caso se determinó que las labores de vigilancia se realizaron de manera consciente y sin seguir los protocolos fijados. El Ministerio Público establece que no se trató de errores administrativos ni interpretaciones equivocadas de las normativas, sino de decisiones deliberadas que vulneraron derechos fundamentales.

La lista de sancionados incluye un brigadier general, varios coroneles, mayores y un teniente. Entre ellos, el oficial de mayor rango es Gonzalo Ernesto García Luna, quien ocupaba el cargo de comandante de los centros de inteligencia y contrainteligencia del Ejército en el momento de los hechos. García Luna recibió una sanción de cinco meses de suspensión por su implicación en los actos de perfilamiento. Junto a él, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, líder de la Brigada de Inteligencia Militar Número Uno, enfrentará una suspensión de la misma duración. Desde esta instancia se emitieron varias órdenes que fueron clave en el desarrollo de la operación de vigilancia.

Otros militares sancionados, entre ellos los coroneles Benjamín Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros y Hugo Armando Díaz Hernández, así como varios mayores y un teniente, recibieron suspensiones de tres meses. La sanción más severa recayó sobre el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, quien comandaba el Batallón de Ciberinteligencia. Su papel fue central en la ejecución de estas labores, motivo por el cual recibió una inhabilidad de seis meses.

Uno de los aspectos revelados en la investigación es el método utilizado para ordenar y realizar las labores de perfilamiento. Muchas de las órdenes fueron transmitidas mediante canales no oficiales, como llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería encriptada. Según el organismo de control, esta práctica dificulta el seguimiento de los casos y sugiere que los involucrados buscaban evadir los controles legales diseñados para regular las actividades de inteligencia en el país. Esta falta de transparencia no solo comprometió el cumplimiento de la ley, sino que también aumentó la vulnerabilidad de quienes fueron vigilados.

Durante el proceso disciplinario, la Procuraduría reconoció como víctimas a más de veinte periodistas, así como a varios líderes políticos y defensores de derechos humanos. Entre los nombres destacados en el expediente aparecen Gustavo Bolívar, los abogados Reinaldo Villalba y Sebastián Escobar del Colectivo José Alvear Restrepo, así como periodistas que han trabajado con medios como Rutas del Conflicto, Liga Contra el Silencio, Fundación Paz y Reconciliación y The New York Times.

Uno de los episodios más relevantes dentro de esta investigación fue la operación denominada “Hábil”, llevada a cabo en el año 2019. En ella, el Batallón de Ciberinteligencia elaboró un perfil detallado de la periodista María Alejandra Villamizar luego de que realizara una entrevista en Cuba al comandante guerrillero Pablo Beltrán. Este perfil contenía información sobre su familia, domicilio, historial laboral y actividad en redes sociales, a pesar de que no existía una orden judicial que justificara esta vigilancia. Casos similares fueron identificados en los expedientes de otros periodistas, tanto vinculados a medios reconocidos como independientes. Una de las afectadas fue Andrea Aldana, quien tuvo que exiliarse debido a las implicaciones de este perfilamiento.

El expediente de la Procuraduría también revela que, en algunos de los documentos elaborados por los servicios de inteligencia, se sugirió que los periodistas perfilados tenían vínculos con grupos armados ilegales. Para los afectados, este tipo de afirmaciones representa una forma de criminalización sin fundamento, que pone en riesgo su seguridad y la legitimidad de su labor profesional. Desde la publicación del caso en 2020, las víctimas han señalado que las investigaciones han avanzado con lentitud y que en diversas ocasiones las autoridades judiciales han minimizado el impacto de los hechos. Algunas instancias, como la Fiscalía General de la Nación, han manifestado no haber identificado daños directos a las personas vigiladas, lo que contrasta con los hallazgos documentados por organizaciones de derechos humanos.

El proceso disciplinario ha estado marcado por múltiples dificultades. La audiencia de juzgamiento se llevó a cabo en 2021, pero algunas de las decisiones clave en el caso, como la negativa a excluir pruebas, solo fueron ratificadas dos años más tarde. Esta demora ha generado serias inquietudes sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y sanción dentro de las instituciones del Estado.

Por otro lado, los abogados representantes de las víctimas han anunciado que apelarán la decisión de la Procuraduría. Una de sus principales preocupaciones es la recalificación de los hechos, ya que originalmente se consideraban faltas gravísimas que podrían haber derivado en la destitución de los uniformados implicados. No obstante, la Sala Disciplinaria determinó que no había suficientes elementos para mantener esta tipificación, lo que derivó en sanciones de menor severidad.

Lo que es claro es que el caso ‘Carpetas Secretas’ expone una problemática que afecta no solo la libertad de prensa, sino la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país. La forma en que se desarrollen los próximos procesos judiciales y disciplinarios determinará si este episodio marca un precedente en la lucha contra el espionaje ilegal o si, por el contrario, como ha sucedido previamente, se termine diluyendo entre procesos burocráticos.

Juan Joya