Caso Aguas Vivas: audiencia de imputación contra Daniel Quintero y su equipo por presunto peculado

¿Cesión gratuita o negocio millonario?

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín fijó para el próximo 21 de noviembre la audiencia de acusación formal contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y otros doce procesados, en el marco del proceso judicial por presuntas irregularidades en la gestión del predio Aguas Vivas. La diligencia marcará el inicio de la etapa de juicio oral, en la que la Fiscalía General de la Nación presentará un expediente de más de 3.900 pruebas documentales, testimoniales y técnicas que sustentan los cargos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

El caso gira en torno a un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas, en el oriente de Medellín. En diciembre de 2019, el lote fue cedido sin costo al Distrito como parte de una obligación urbanística, figura que exige a los desarrolladores entregar espacio público en compensación por proyectos privados. Sin embargo, durante la administración de Quintero se habrían adelantado gestiones para revertir esa cesión y convertirla en una compraventa por más de 40.500 millones de pesos, favoreciendo a las firmas IDC Inversiones SAS, Técnicas Constructivas SAS y al empresario Juan Manuel Villegas Márquez.

La Fiscalía sostiene que entre febrero de 2020 y mayo de 2023 se intentó modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para permitir usos urbanísticos no autorizados en el predio, y que se habrían expedido actos administrativos irregulares para elevar artificialmente su avalúo. “Se trató de una operación jurídica para transformar un bien público en una transacción privada, con el fin de reconocer pagos millonarios a particulares que ya no tenían derecho sobre el terreno”, señala el escrito de acusación.

Entre los funcionarios vinculados al proceso figuran Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario general; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación; y otros siete exfuncionarios de áreas jurídicas, urbanísticas y administrativas. También están procesados tres particulares como presuntos autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno, José Fernando Rueda y Juan Manuel Villegas.

La acusación incluye documentos técnicos, resoluciones, correos electrónicos, planos, inspecciones judiciales y 48 testimonios. Uno de los episodios más cuestionados es la resolución firmada el 26 de octubre de 2022 por el exsecretario Trujillo, mediante la cual se ordenó la devolución del predio a los particulares, pese a que ya había sido incorporado al patrimonio público. “La administración de Quintero intentó revertir la cesión gratuita y justificar el pago de más de 40.000 millones de pesos, en una operación que vulneró el ordenamiento jurídico y el interés general”, concluye el expediente.

Las defensas han anticipado que solicitarán nulidades procesales, alegando fallos en la notificación del escrito y violaciones al debido proceso. “Primero me enteré por redes y medios de comunicación, no por mi correo”, declaró uno de los abogados defensores. El penalista Juan Felipe Criollo, representante de la exsecretaria Karen Delgado, afirmó que “es absolutamente falso que ella se haya interesado indebidamente; muestra de ello son las consultas a expertos para soportar todo tipo de decisión”.

El Distrito de Medellín fue reconocido como víctima en el proceso, lo que le permite participar activamente a través de su representante legal. El alcalde Federico Gutiérrez ha sido uno de los principales críticos del manejo del predio durante la administración anterior. “Lo hizo directamente Daniel Quintero como jefe de la banda… Corrupto. Ni vergüenza le dio”, declaró en rueda de prensa, al tiempo que anunció la reversión de los decretos que modificaban el uso del suelo del lote.

La audiencia de acusación será clave para definir si el caso avanza hacia juicio oral. De encontrarse méritos suficientes, los procesados podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión. Mientras tanto, el exalcalde Quintero ha señalado que se trata de una persecución política y ha reiterado su intención de demostrar su inocencia. “Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”, publicó en sus redes sociales.

Juan Joya