Carlos Caicedo enfrentará investigación por presunto detrimento patrimonial durante su alcaldía

¿Por qué un contrato no ha sido liquidado diez años después de su firma?

La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, exgobernador del Magdalena y actual aspirante a la Presidencia de la República por el movimiento Fuerza Ciudadana, por presuntas irregularidades en la contratación de infraestructura para la atención de la primera infancia. El caso se relaciona con la construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad, proyectos impulsados durante su administración municipal entre 2012 y 2015.

El proceso penal gira alrededor del contrato 191 de 2015, suscrito por 6.954 millones de pesos y con un plazo inicial de ejecución de seis meses. Según la Fiscalía, en el trámite y celebración de ese contrato se habrían presentado actuaciones que comprometerían la legalidad del procedimiento. La acusación sostiene que el entonces alcalde intervino en el direccionamiento del proceso, lo que habría incidido en la adjudicación y ejecución del proyecto, con un eventual impacto en los recursos públicos.

Dentro de los elementos expuestos por el ente acusador se encuentra la contratación de un arquitecto para la elaboración de los diseños. De acuerdo con la investigación, el producto entregado no cumplía plenamente con las exigencias técnicas requeridas para este tipo de infraestructura, al omitir componentes como paneles y placas prefabricadas de alta densidad destinadas al aislamiento térmico y acústico. Pese a ello, el proyecto avanzó a la fase de ejecución.

La Fiscalía también señaló que las obras fueron recibidas “a satisfacción” y que se autorizó el pago correspondiente, aun cuando, según la acusación, persistían deficiencias estructurales y técnicas. Además, indicó que durante el proceso no se habría adelantado la coordinación necesaria con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar el cumplimiento de los estándares y requisitos de seguridad exigidos en espacios destinados a la atención de niños y niñas.

Otro de los cuestionamientos planteados es que el contrato fue adjudicado al único oferente que participó en la licitación. En la etapa de ejecución surgieron dificultades adicionales: no se habrían contemplado redes y acometidas de gas natural, ni se contaba con estudios de suelos y de sismorresistencia. También se advirtió que una de las construcciones se levantó en un predio privado sin que, según la acusación, se hubiese gestionado la autorización correspondiente.

Para subsanar estas situaciones se suscribieron 11 otrosíes y adiciones que incrementaron el valor del contrato en 4.534 millones de pesos. Diez años después de su firma, el contrato no ha sido liquidado formalmente. De acuerdo con la Fiscalía, las obras fueron pagadas en un 94 %, pero no han sido entregadas en su totalidad, lo que sustenta la hipótesis de un posible detrimento patrimonial.

Con la presentación del escrito de acusación, el caso entra en fase de juicio ante un juez de conocimiento, instancia en la que se debatirán las pruebas y se definirá la responsabilidad penal del dirigente político. El proceso se suma a otros expedientes judiciales que han involucrado al líder de Fuerza Ciudadana en los últimos años, en un contexto en el que mantiene activa su aspiración presidencial y su presencia en el escenario político nacional.

Juan Joya