La Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal, el Cuerpo de Investigación (CTI) y la Policía Nacional Aduanera, dieron con la judicialización de 10 personas presuntos integrantes de una red de contrabando. Según la investigación, los involucrados utilizaban tractomulas y camiones, que contenían cigarrillos ilegales, provenientes de Panamá y Aruba.
Por su parte, la entidad impuso medida cautelar de extinción a 68 bienes que pertenecen a la red criminal ubicados en Cundinamarca, Nariño, Meta y Santander. Los productos eran expendidos en los puertos de Maicao (La Guajira), Santa Marta y Cartagena, para movilizarlos por todo el territorio nacional. Por su parte, el transporte en el que circulaban tenían fachadas de fábricas reconocidas con supuestos permisos para su movilización.
“El trabajo investigativo permitió identificar que, dicha mercancía era ingresada a territorio nacional evadiendo los controles aduaneros respectivos y, luego, era transportada a distintas ciudades. Otro tanto, era trasladada a Ecuador donde, debido al cambio de la divisa, la actividad ilegal resultaba mucho más lucrativa para la red delincuencial trasnacional”, reiteró la entidad investigadora.
Los dominios de extinción, fueron puestos a disposición de un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien impuso la suspensión y embargo de los bienes que fueron partícipes de las funciones ilegales. Se trata de 2 sociedades, 45 vehículos, 1 establecimiento de uso comercial, 20 inmuebles rurales y urbanos; avalados por alrededor de 27.000 millones de pesos.
La Fiscalía General afirmó que: “según la investigación, esta organización estuvo dedicada al contrabando de cigarrillos por un espacio cercano a los 10 años, período en el que habría alcanzado millonarias utilidades producto de la actividad al margen de la Ley. Los 10 procesados deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y favorecimiento de contrabando”.