Captura ilegal, dinero devuelto y sospechas de compra de votos: el caso que sacude a la UNP

¿Fue un procedimiento irregular de la Policía o un montaje contra el escolta y su protegido?

A cinco días de las elecciones legislativas, la Policía capturó en una vía de La Guajira a Luis Alfredo Acuña Vega, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección y asignado al esquema del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. En el vehículo se encontraron 145 millones de pesos en efectivo y material de campaña del candidato conservador al Senado Daniel Restrepo. Tras más de treinta horas privado de la libertad, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura y ordenó su libertad inmediata, junto con la devolución del dinero.

La cronología comienza con un retén policial en carretera. En una primera inspección se halló propaganda política y material pedagógico de campaña. El vehículo continuó su trayecto, pero presentó fallas mecánicas y debió ser trasladado en grúa. Al pasar nuevamente por el puesto de control, la Policía realizó una segunda revisión y encontró sobres con dinero en efectivo en la maleta del escolta. Acuña Vega fue detenido en el lugar, junto con el conductor de la grúa.

En audiencia, el abogado defensor Iván Cancino centró su intervención en la legalidad del procedimiento. “Se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y tenerlo casi treinta y tres horas privado de la libertad sin someterlo a un juez”, afirmó. Sostuvo que no existía flagrancia y que “ni tener publicidad política pedagógica ni tener plata en efectivo es delito en Colombia”. Añadió que su defendido guardó silencio desde el inicio y que “oficialmente no ha dado ninguna versión a las autoridades”.

Cancino explicó que durante la diligencia la hipótesis jurídica fue variando. Según su relato, inicialmente se habló de omisión de declaración de bienes y posteriormente se introdujo la posibilidad de lavado de activos bajo los verbos de transporte o custodia. “No presentaron en la audiencia ninguna relación de ese dinero con ninguna actividad ilícita”, aseguró. Insistió en que “quien tiene que probar la ilicitud del dinero es la autoridad” y subrayó que el juez no solo declaró ilegal la captura, sino que tampoco hubo imputación formal. “Ni siquiera lo imputaron”, puntualizó.

El defensor también cuestionó el actuar policial en el puesto de control. Indicó que a su cliente le formularon preguntas sin lectura previa de derechos y que el manejo del dinero presentó inconsistencias. “Eso es un error de la Policía”, dijo, al referirse a la legalización fallida del procedimiento. A su juicio, el caso “es más el show que hacen que el verdadero resultado que tienen frente a estos acontecimientos”.

Desde la dirección de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez reconoció el impacto del episodio. “Es una situación molesta porque nos genera un daño reputacional”, declaró. Confirmó que Acuña Vega hacía parte del esquema asignado a Jaime Luis Lacouture y explicó que, según la información que recibió, el escolta habría pedido permiso para desplazarse a Maicao a realizar la negociación de un vehículo. Rodríguez cuestionó ese procedimiento: “La entidad le paga con dineros públicos el servicio de ese escolta para que esté protegiendo a la persona y la persona no puede sencillamente darle permiso para que no trabaje”.

El director señaló que cualquier autorización debe ser tramitada formalmente para que la UNP pueda designar reemplazo y garantizar la protección del beneficiario. “Nos toca actuar”, afirmó, al advertir que se trata de recursos públicos y de un servicio cuya finalidad es estrictamente la seguridad personal del protegido.

Rodríguez también relató la versión que, según él, le transmitió el propio escolta sobre el procedimiento policial. Indicó que el detenido le manifestó que los agentes “fueron bajando las bolsas del dinero”, que posteriormente “les pusieron unos nombres con bolígrafo” y que luego realizaron una grabación del procedimiento. El director aclaró que esa es la versión conocida por la entidad y que corresponderá a la Fiscalía determinar su veracidad. “Será la autoridad la que determine qué fue lo que pasó”, señaló.

En este momento, la situación jurídica de Luis Alfredo Acuña Vega es de libertad sin imputación formal, tras la decisión judicial que declaró ilegal la captura. El dinero fue devuelto por orden del juez. La Fiscalía mantiene abierta la indagación para establecer la procedencia de los 145 millones de pesos, las circunstancias del procedimiento policial y si existen elementos que permitan formular cargos. El expediente avanza en etapa preliminar, en medio de versiones contrapuestas entre la defensa y la autoridad, sobre lo ocurrido en el retén de La Guajira, en plena recta final de la campaña legislativa.

Juan Joya