¿”Caprichoso, tozudo y arbitrario”? La Fiscalía pide juicio contra Álvaro Leyva por el escándalo de los pasaportes

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si el excanciller Álvaro Leyva Durán cometió el delito de prevaricato por acción en medio del escándalo por la licitación de los pasaportes. La Fiscalía General de la Nación ya radicó formalmente la acusación contra el exfuncionario, señalándolo de haber terminado de manera arbitraria el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons y de haber amañado el proceso de selección para expedir el documento. La magistrada Blanca Nélida Barreto fijó la audiencia de formulación de acusación para el próximo 23 de abril a las 3 de la tarde.

La tesis de la Fiscalía es contundente. Según el ente acusador, Leyva Durán profirió varios actos administrativos “contrarios a derecho” durante el proceso de licitación pública para adjudicar el servicio de expedición de pasaportes. En septiembre de 2023, siendo canciller, decidió declarar desierta la licitación en la que solo Thomas Greg & Sons cumplía con todos los requisitos técnicos y legales. La empresa, que había tenido el contrato durante 17 años, fue excluida pese a conceptos técnicos que recomendaban adjudicarle el servicio y advertían sobre el riesgo de afectar derechos fundamentales como la libre movilidad de los colombianos.

La representante de la Fiscalía fue especialmente dura al calificar la conducta del excanciller. “Con el acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”, señalando que actuó con desviación y abuso de poder. Y añadió un calificativo que resume la postura del ente acusador: la decisión fue tomada de forma “caprichosa, tozuda y arbitraria”.

El origen del escándalo se remonta a 2023, cuando el presidente Gustavo Petro se opuso a que Thomas Greg & Sons continuara a cargo de los pasaportes. El mandatario cuestionó que la empresa fuera la única oferente y que llevara casi dos décadas con el contrato. En ese contexto, Leyva declaró desierta la licitación y posteriormente inadmitió un recurso de reposición presentado por la compañía. La Fiscalía sostiene que el excanciller reasumió el control del proceso con el objetivo de impedir la adjudicación.

“Ese abuso de cargo, esa desviación de poder, ocurrió al reasumir la dirección de la licitación”, afirmó la fiscal del caso. Para el ente acusador, no se trató de un error administrativo, sino de una decisión deliberada que desconoció los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.

La decisión de Leyva desencadenó una crisis que se extendió por meses. El Gobierno Nacional optó por firmar un convenio interadministrativo con la Casa de la Moneda de Portugal, que asumió de forma transitoria la impresión de los pasaportes. El Ejecutivo defendió el acuerdo como una estrategia para transferir conocimiento a la Imprenta Nacional, aunque el modelo ha enfrentado obstáculos. La Contraloría emitió alertas sobre la falta de definición en la importación de maquinaria y posibles errores en vigencias futuras por 1,3 billones de pesos.

Paralelamente, el nuevo sistema arrancó con dificultades. A pocas horas de su presentación oficial, la Imprenta Nacional no tenía definido quién asumiría el riesgo del contrato, según su gerente, Viviana León. Además, la Cancillería suspendió temporalmente la expedición de pasaportes por una falla técnica en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac). El pasaporte actual seguirá vigente hasta su fecha de vencimiento.

En el ámbito disciplinario, la Procuraduría ya sancionó a Leyva con destitución e inhabilidad por 10 años, decisión confirmada en segunda instancia por el procurador general, Gregorio Eljach. Ahora, la Corte Suprema deberá definir si su conducta también constituye un delito penal, en un proceso que comenzará formalmente el próximo 23 de abril.

Juan Joya