¿Cómo se puede garantizar el derecho a la protesta pacífica sin que derive en violencia?
La protesta de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, Argentina, terminó en un fuerte enfrentamiento violento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Lo que inicialmente se planteó como una manifestación pacífica para exigir mejoras en las pensiones y acceso gratuito a medicamentos escaló rápidamente cuando la policía usó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Según las autoridades locales, los hechos dejaron al menos 20 heridos y más de un centenar de detenidos.
Entre los heridos más graves se encuentra el fotorreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y permanece hospitalizado con pronóstico reservado. También un agente de policía resultó herido de bala en su brazo izquierdo. Testigos afirmaron que la represión fue particularmente contundente, incluso contra personas mayores, lo que generó la indignación de los presentes. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Beatriz Bianco, una mujer de 87 años, fue empujada por un policía, golpeando su cabeza contra el asfalto y siendo trasladada de urgencia a un hospital.
La protesta concentró a jubilados, sindicatos, organizaciones sociales e incluso hinchas de fútbol de equipos como Boca Juniors, River Plate y Rosario Central. Este apoyo inusual comenzó semanas atrás, cuando se viralizó un video de un jubilado con la camiseta de Chacarita siendo reprimido por la policía. Desde entonces, hinchas de distintos clubes se han sumado a las manifestaciones, aunque el gobierno argentino los ha acusado de ser “barra bravas”, término que se refiere a los sectores más violentos de las hinchadas.
“Si tengo que perder mi vida luchando como un jubilado, la voy a perder, pero mis hijos y mis nietos van a ser libres. Esta patria no merece lo que tenemos en el Gobierno”, afirmó un manifestante. Por su parte, una joven participante dijo: “Es impresionante lo que están haciendo con los abuelos, no se puede permitir, hay que parar esto”.
Los jubilados, quienes en su mayoría reciben pensiones mínimas de aproximadamente 340 dólares al mes, han sido uno de los sectores más afectados por las políticas de austeridad del gobierno de Javier Milei. “Estamos defendiendo nuestros derechos y queremos que se vaya este gobierno hambreador… Qué papelón cómo nos tratan. Vayan a ayudar a Bahía Blanca en lugar de reprimirnos”, declaró un manifestante.
La violencia escaló cuando un vehículo policial apareció volcado e incendiado en la Avenida de Mayo. En medio del caos, algunos manifestantes acusaron a otros de ser infiltrados responsables de los disturbios, lo que sumó tensión a una jornada ya marcada por la confrontación.
A la luz de lo anterior, una jueza argentina ordenó la liberación inmediata de más de 100 detenidos durante las protestas de jubilados en Buenos Aires, argumentando que el derecho a la protesta y la libertad de expresión son fundamentales. Mientras tanto, el gobierno argentino, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la detención de los manifestantes, amparada bajo la “nueva ley antimafia”.
Juan Joya