Candidatos denuncian compra de votos hasta por $800.000 en elecciones al Congreso de 2026

A pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, varios candidatos al Congreso denunciaron presuntas prácticas de compra de votos que alcanzarían pagos de hasta 800.000 pesos por sufragio, lo que ha encendido las alertas sobre posibles irregularidades en el proceso electoral.

Durante un debate político, aspirantes al Congreso expusieron preocupaciones sobre el presunto uso de dinero para influir en los votantes en distintas regiones del país. Entre quienes hicieron las denuncias se encuentran los candidatos Angélica Lozano, Daniel Briceño, Pedro Nel Ospina y Nicolás de Francisco, quienes señalaron que la compra de votos sigue siendo una práctica persistente en algunas campañas.

Según los aspirantes, en ciertos territorios el valor de un voto puede variar dependiendo del contexto local, pero en algunos casos se estarían ofreciendo sumas de hasta 800.000 pesos, especialmente en zonas donde existe mayor competencia política o influencia de estructuras clientelistas.

Una práctica que preocupa a las autoridades

La compra de votos es uno de los delitos electorales que históricamente ha afectado los procesos democráticos en Colombia. Expertos y autoridades han advertido que este fenómeno suele ir acompañado de otras irregularidades, como la financiación ilegal de campañas, la presión sobre votantes y el uso de redes políticas locales para movilizar electores a cambio de dinero o beneficios.

Ante estas denuncias, el Gobierno nacional y los organismos electorales han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para garantizar la transparencia del proceso. En ese contexto, el Ministerio del Interior anunció incluso recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien delitos electorales, con el objetivo de incentivar la información ciudadana que permita identificar a los responsables.

Las acusaciones se producen en medio de un ambiente político marcado por cuestionamientos sobre la transparencia de las elecciones y el origen de los recursos de campaña. Organizaciones y analistas han advertido que prácticas como la compra de votos representan una de las principales amenazas para la legitimidad del sistema democrático. Además, este delito está contemplado en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) y es vigilado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras se acerca la jornada electoral, las autoridades han anunciado operativos de vigilancia y un mayor despliegue de la fuerza pública para prevenir irregularidades y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin presiones.

Paola Andrea Martínez Burgos